El titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, denunció ante organismos de derechos humanos del mundo las graves amenazas contra periodistas y editores de los medios de comunicación que han desnudado la corrupción policial en Honduras.

La prensa y la libertad de expresión corren grave peligro en el país.

El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció ayer ante instancias internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión las amenazas y los actos de intimidación de los que son víctimas periodistas y editores de diferentes medios de comunicación que han revelado actos de corrupción y falta de transparencia en la administración pública, particularmente en materia de la corrupción que mantiene invadida a los cuerpos de seguridad del país.

Custodio condenó los actos intimidatorios contra periodistas y editores de los diarios El Heraldoy La Tribuna, así como a Televicentro y Radio Globo y Globo TV, que denunciaron en los últimos días ser objeto de amenazas a su integridad física, la vida y la libertad de expresión.

Las amenazas a los periodistas se han incrementado a raíz del desempeño de los medios de comunicación que han puesto al descubierto los actos de corrupción y la redes del crimen organizado y del narcotráfico que operan al interior de la Policía Nacional.

El Heraldo ha documentado en una serie de investigaciones la forma en la que operan diferentes redes dedicadas a actividades como la extorsión, el robo de autos, asaltos y sicariato. Entre las redes se mencionan “El Cartel de La Granja” y “El Cartel de Belén”.

También puso al descubierto el extravío de unos 300 fusiles FAL y 300 mil municiones 5.56 en el escuadrón Cobras y otras 2,400 armas Ak-47 que habían sido entregadas por la población en la administración del expresidente Ricardo Maduro.

Asimismo, reveló en exclusiva el contenido de una investigación que implica a uno de los actuales miembros de la cúpula policial en actividades del narcotráfico.

“Nuestra solidaridad con los medios de comunicación y los miembros del gremio periodístico que velan por el respeto del derecho a la información, investigación y denuncian la corrupción y la impunidad”, dice Custodio en un comunicado emitido ayer.

En los últimos días, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias de amenazas e intimidación de las que son objeto el periodista Renato Álvarez, conductor del programa “Frente a frente”, que se transmite por Televicentro, y el periodista Francisco Hernández, que labora para la cadena Globo TV.

El pasado 9 de noviembre, minutos después de haber ingresado a su casa de habitación, el periodista Renato Álvarez fue informado de que su hijo fue objeto de un asalto por tres hombres que se bajaron de un vehículo estacionado frente a su casa, quienes pistola en mano le apuntaron a la cabeza para despojarlo de su mochila y su celular.

Con anterioridad al hecho violento perpetrado contra su hijo, personas desconocidas fuertemente armadas y con celular en mano se han estacionado en los alrededores de la vivienda del periodista.

En los programas noticiosos que coordina el periodista Álvarez se ha debatido en los últimos días la situación de la Policía Nacional y las denuncias que sobre ella existen por actuaciones al margen de la ley de sus agentes y oficiales.

La Tribuna. Este miércoles el diario La Tribuna hizo pública la denuncia sobre “graves amenazas contra el personal de Redacción” que trabaja en la cobertura de noticias policiales.

“Personal valioso contratado por esta casa editora... ha comenzado a ser amenazado hasta poner en riesgo su vida por las informaciones que se han estado difundiendo a raíz de la muerte de dos jóvenes estudiantes universitarios y el involucramiento de policías en ese crimen y otros delitos”, denunció ayer el rotativo.

Custodio recibió ayer la denuncia pública de diario La Tribuna en la que se detalla que el 20 de noviembre a uno de los miembros del equipo de investigación de ese rotativo, al salir del periódico en horas de la noche con destino a su casa, individuos que se conducían en un vehículo le hicieron dos disparos, de los cuales por fortuna ninguno impactó en su humanidad.

El viernes 18 una persona que se identificó como policía asignado en la colonia Kennedy preguntó sospechosamente por el nombre del reportero que cubre sucesos.

Entre el 9 y el 11 de noviembre, en horas de la noche, uno de los editores fue detenido en dos operativos de la Policía Nacional, en el bulevar Fuerzas Armadas, frente a la posta de Las Brisas, donde lo abordaron para solicitarle la licencia de conducir y la boleta de revisión de su vehículo.

De acuerdo al relato, los policías adoptaron una actitud hostil cuando se identificó como empleado de La Tribuna, por lo que lo obligaron a bajarse del vehículo, al parecer en busca de armas. Luego de varias consultas telefónicas lo dejaron ir, sin embargo, ahora es objeto de persecución tanto en el bulevar de las Fuerzas Armadas como en el anillo periférico.

Finalmente, uno de los fotógrafos de diario La Tribuna fue amenazado por el policía Marco Antonio Álvarez, quien se encontraba en la Sala del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán y mientras el reportero gráfico le tomaba fotografías lo amenazó diciéndole: “recordá que voy libre, si me sacan mañana te busco…”.

El Heraldo. En el caso de los periodistas y editores de diario El Heraldo, las amenazas a su integridad y los mensajes intimidatorios comenzaron luego de que estallaron las denuncias contra la policía y empezaron a publicar los cuestionamientos a la compra de energía térmica.

De acuerdo con la denuncia en sus celulares reciben mensajes insultantes y denigrantes e incluso intimidaciones a los reporteros que andan en la calle.

La situación se acentuó el 21 de noviembre, cuando un vehículo marca Kia Sorento le dio seguimiento sospechoso a uno de los editores. El vehículo era conducido por una persona vestida de policía que iba acompañada por otro individuo.

Investigaciones preliminares indican que la placa pertenece a otro vehículo que aparece como bloqueado en la DEI.

Otro de los hallazgos investigados es que el carro fue decomisado por actividades vinculadas al crimen organizado y aparece bloqueado por una orden judicial.

El 17 de noviembre recién pasado, el periodista Francisco Hernández, que coordina el programa “Noti comentarios de la tarde” en Radio Globo y Globo TV, denunció haber recibido una serie de llamadas y luego un mensaje donde le decían: “Contestame hijuela gran p… xq si no orita vamos ir aserte la pegada hasta con toda tu familia te vaz a akabar”.

El periodista solicitó al ministerio Público que investigue el origen de las amenazas en su contra, ya que se pone en peligro su integridad y hasta la vida.

Intimidación. El comisionado nacional de los Derechos Humanos condenó este tipo de amenazas y los ataques contra los comunicadores sociales, ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares.

Los hechos relatados, según el Conadeh, son una muestra evidente de la situación de violencia a la que están expuestos los periodistas hondureños como resultado del ejercicio de su profesión. El defensor de los derechos humanos ve con preocupación que en el país funciona un “aparato organizado de poder” que busca aterrorizar a medios de comunicación, a periodistas y a todos los que denunciamos la corrupción y defendemos la libertad de expresión en el país.

En una carta reciente remitida al Congreso Nacional, Custodio recomienda la aprobación inmediata de las figuras penales de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, que por su gravedad deben ser sancionadas con la pena de prisión de por vida. “Hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidas tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas, gozando de hecho de la impunidad por un sospechoso desempeño de sus superiores”, establece la misiva entregada a los diputados.

Según Custodio, la violencia contra los periodistas y medios de comunicación continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la información, particularmente contra quienes cubren problemas sociales como el crimen organizado, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y corrupción, o critican a las autoridades y a los sectores de poder.

El ombudsman hondureño exigió que cesen el hostigamiento y las amenazas contra los comunicadores sociales y demandó del gobierno la investigación de las denuncias para evitar que más periodistas pierdan su vida por el ejercicio de su labor.

Señaló que la persistencia de la impunidad en el país genera un sentimiento de impotencia y frustración en el pueblo hondureño.