En el pedido de habeas corpus, los abogados del ex mandatario de Brasil y favorito para las elecciones presidenciales de este año, argumentaron que sólo después de haber agotado todos los recursos, un condenado puede comenzar a cumplir la pena.

Brasilia. La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva presentó este martes al Superior Tribunal de Justicia (STJ) un pedido de habeas corpus para impedir que el ex presidente brasileño (2003-2011) sea arrestado.

La semana pasada, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), responsable de los procesos de la Operación Lava Jato (Lavadero) en segunda instancia, condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión.

Los jueces decidieron además que la pena deberá ser cumplida cuando no haya más posibilidad de recursos en la Corte.

En la acción presentada al STJ este martes, los abogados del ex mandatario argumentaron que la ejecución de la pena tras condena en segunda instancia viola la Constitución, en la parte que dice que "nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria".

La defensa también fundamentó la petición con base en el Código Penal, que prevé solamente prisión preventiva o después de "sentencia condenatoria transitada en juzgado".

El alegato de los abogados de Lula es que sólo después de haber agotado todos los recursos, incluso en las instancias superiores, incluidos el STJ y el Supremo Tribunal Federal (STF), un condenado puede comenzar a cumplir la pena.

Las dos tesis presentadas por la defensa de Lula ya fueron analizadas por el STF en 2016, cuando la mayoría de los ministros entendió que era posible la ejecución de la pena tras la condena en segunda instancia.

En ese momento, la Suprema Corte consideró que tras esa etapa no habría dudas sobre los hechos y pruebas de un proceso penal.

Lula fue condenado el miércoles en segunda instancia por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El fallo se refiere a la acusación de que recibió un departamento en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la empresa en contratos con la petrolera estatal Petrobras.

La defensa negó las acusaciones en función de que el inmueble permaneció formalmente bajo propiedad de la OAS, y afirmó que el ex presidente fue condenado sin pruebas.