El mandatario Carlos Alvarado ocultó hasta el viernes la puesta en marcha de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, creado para espiar a los costarricenses y mejorar el proceso de toma de decisiones, cuando se vio obligado a derogar el decreto por presión del Congreso.

San José.El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, ha sido objeto de dos denuncias por prevaricación y violación de datos personales por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un organismo creado en octubre para espiar a los costarricenses y mejorar así el proceso de toma de decisiones del Gobierno.

Alvarado y su gabinete ocultaron la puesta en marcha de la UPAD hasta este viernes, día que se vieron obligados a derogar el decreto tras la presión del Congreso y la ciudadanía, tras lo cual han sido denunciados por "delito de violación de datos personales, artículo 196 bis del Código Penal", informa la prensa de Costa Rica.

En concreto, este delito pasaría por la autorización del presidente y dos de sus ministros para que la UPAD "en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apoderaran, accedieran, copiaran, difundieran, recopilaran y dieran un tratamiento no autorizado a los datos de una persona física o jurídica".

En cuanto al delito de prevaricación, Alvarado y sus ministros "al dictar el decreto contrariando la ley (normas arriba mencionadas) incurrieron en el delito de prevaricato, artículo 150 del Código Penal".

"Obligar a todas las instituciones públicas que permitan el acceso irrestricto de los datos personales sensibles y de acceso restringido es absolutamente ilegal y claramente delictivo para quienes los requieran y para quienes los entreguen", según la denuncia presentada por el abogado penalista y excandidato presidencial Juan Diego Castro Fernández.

La segunda denuncia sería de la abogada penalista Gloria Navas, quien acusa a Alvarado de violentar la Constitución Política y por ello solicita a la fiscal general, Emilia Navas, un allanamiento en Casa Presidencial. Además ha pedido que se levante la inmunidad a Alvarado, a su ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y al ministro de Planificación, Daniel Soto.

Navas deberá analizar el contenido de las denuncias y las pruebas presentadas para proceder con una investigación de naturaleza penal que podría involucrar al presidente.

La UPAD paralizada. Este domingo, tras la polémica, el presidente ordenó paralizar el trabajo de minería de datos personales: "He ordenado detener todo trabajo del equipo de análisis de datos para que la Defensoría de los Habitantes realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido", ha publicado Alvarado en redes sociales.

"Este equipo fue creado con el objetivo de utilizar la ciencia y la estadística para la toma de decisiones y la creación de políticas en beneficio de los y las ciudadanas. En ningún momento se ha utilizado información con un fin distinto", ha argumentado.

En un mensaje posterior, Alvarado ha explicado que se ha reunido con la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, y que ha ordenado "brindar las facilidades requeridas para que se realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido".