En una de las dos audiencias sobre Ecuador en el 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo recibió denuncias sobre los efectos de la Ley de Comunicación, en vigor desde junio de 2013.

Washington. La organización civil Fundamedios denunció este viernes ante la CIDH que la aplicación "arbitraria" de la Ley de Comunicación en Ecuador ha supuesto un "deterioro acelerado" de la libertad de expresión en el país, donde existe "un gigantesco aparato de propaganda estatal para perseguir a las voces críticas".

En una de las dos audiencias sobre Ecuador en el 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, a las que no acudió ningún representante del gobierno de Rafael Correa, el organismo recibió denuncias sobre los efectos de la Ley de Comunicación, en vigor desde junio de 2013.

"En los últimos meses la libertad de expresión en Ecuador se ha deteriorado aceleradamente, fruto de la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación", aseguró César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios).

Además, añadió, en Ecuador "continúa la política de estigmatización a ciudadanos, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la persecución judicial a críticos" del gobierno, y "se agrede, intimida y amenaza a quienes expresan con gestos o palabras su desagrado" con el Ejecutivo de Correa.

La citada Ley de Comunicación supuso la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, encabezada por Carlos Ochoa y encargada de la "vigilancia, auditoría, intervención y control" de los medios de comunicación, de acuerdo con el texto de la legislación.

Según Fundamedios, a partir de la designación de dicha figura "se han iniciado más de 100 procesos en contra de medios de comunicación y periodistas independientes" y Ochoa demuestra "falta de independencia y equilibrio en sus pronunciamientos".

"Los medios de comunicación incautados se han convertido en la punta de lanza de un gigantesco aparato de propaganda estatal utilizado para perseguir a las voces críticas", denunció Ricaurte.

Mauricio Alarcón, también de Fundamedios, denunció por su parte que la mencionada ley "no sólo ha servido para consagrar la censura previa, para imponer cuantiosas multas por un titular o para sancionar a un medios por su línea editorial", sino que "también es un instrumento de amenaza para exigir rectificaciones de opiniones".

Otro de los solicitantes de la audiencia, el catedrático ecuatoriano Christian Oquendo, denunció que el Gobierno ecuatoriano ha intensificado sus esfuerzos para "ejercer su control" en internet, consciente de que se trata del "último bastión en el que la ciudadanía puede manifestar libremente sus opiniones".

En concreto, afirmó que en ocasiones se ha detenido o investigado a ciudadanos por opiniones expresadas en la red social Twitter y se ha forzado la eliminación de la red social Youtube de vídeos críticos con el gobierno, a través, según aseguró, de la empresa española Ares Rights, que cita como base legal la ley estadounidense de protección de derechos de autor.

Según Ricaurte, eso se explica porque "en Ecuador se ha declarado como propiedad intelectual todos los discursos y todas las imágenes del presidente", lo que "evidentemente va en contra de corriente de que la información generada por funcionarios públicos debe ser propiedad de los ciudadanos".

La Relatora Especial para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, mostró especial interés por esas últimas denuncias y recordó que en EE.UU., la ley de protección de derechos de autor incluye una cláusula de "uso justo", que "permite que cualquier persona utilice las imágenes que han sido emitidas en un canal de comunicación siempre que se le dé un uso justo".