ONGs y familiares de dos estudiantes muertos en un operativo policial en 2011 en Guerrero denunciaron al Estado mexicano y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valorar el caso.

Los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús murieron el 12 de diciembre de 2011, mientras su compañero Gerardo Torres Pérez fue víctima de tortura, indicó el abogado Vidulfo Rosales en conferencia de prensa.

El representante legal señaló que la denuncia, frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es por la violación por parte del Estado de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

"Estamos aquí para hacer pública una petición individual ante la CIDH (con sede en Washington) por el caso de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra estudiantes de (la escuela para maestros de) Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011", dijo Rosales a los medios.

Recordó que las muertes de ambos estudiantes se dieron en el marco de una protesta por mejoras a la educación y aumento de la matrícula en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y fueron agredidos por cuerpos policiacos, estatales y federales.

“Uso excesivo de la violencia para reprimir protestas sociales”

De los policías estatales que fueron procesados, señaló que "ninguno ha sido sentenciado" y algunos "están libres porque no hubo elementos probatorios y se dieron irregularidades al recabar pruebas".

La petición fue hecha por los familiares de las víctimas junto con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Rosales, también representante de los padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, señaló que en el estado de Guerrero "hay un uso excesivo de la violencia, que ha ido en aumento, para disuadir y reprimir las protestas sociales", en particular en dicho plantel.

Los familiares y organizaciones esperan que la CIDH "analice y posteriormente valore" la responsabilidad en que ha incurrido el Estado mexicano frente a este caso, en el que se violó el derecho a la vida, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometió tortura, y el derecho a la integridad física fue totalmente vulnerado.

El abogado consideró importante que la CIDH pueda admitir el caso y se pueda verificar la responsabilidad del Estado. "Creemos que mediante instancias internacionales se puede dar un seguimiento; de lo contrario quedará en la impunidad como lo hemos estado observando", dijo, situación que espera no se repita con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.