Amnistía Internacional sostuvo que de las 100 mujeres en cárceles y penales que accedieron a ser entrevistadas, 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron violadas, señaló el informe.
Ciudad de México. La policía y las fuerzas armadas de México someten a menudo a mujeres a torturas, incluida la violencia sexual, para obtener confesiones durante el arresto y los primeros interrogatorios, dijo este martes Amnistía Internacional en un impactante informe basado en 100 entrevistas a detenidas.
De las 100 mujeres en cárceles y penales que accedieron a ser entrevistadas, 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron violadas, señaló el informe, que refuerza otros reportes y declaraciones de organizaciones privadas y de las Naciones Unidas en el sentido de que la tortura es una práctica común en México.
"Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en un comunicado.
México sacó a los militares a las calles hace una década para combatir a los poderosos cárteles del narcotráfico y posteriormente a los marinos, lo que llevó a que proliferaran las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, como tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Pero, además, la tortura es una práctica común entre distintos cuerpos de policía, muchos de los cuales han sido corrompidos por la delincuencia organizada.
Las mujeres entrevistadas por Amnistía denunciaron violación con el pene, con objetos, con armas de fuego y con los dedos, además de golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, semiasfixia y descargas eléctricas en los genitales.
"Tanto en la estrategia de seguridad empleada en México como en la denominada 'guerra contra el narcotráfico', es frecuente que las mujeres sean detenidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones", señaló el informe.
El documento aseguró además que las denuncias de tortura no se investigan adecuadamente y sus autores gozan de impunidad casi absoluta, pese a que el Gobierno ha establecido varios mecanismos e instituciones para abordar el tema.