Así lo documentó la ONG Artículo 19, que registró un total de 330 agresiones en 2013, 123 más que en el año previo.
México. Los servidores públicos fueron responsables de seis de cada diez agresiones a periodistas y medios de comunicación que la ONG Artículo 19 documentó durante 2013, un total de 330, 123 más que en el año previo.
"La información recabada por Artículo 19 permite corroborar que son autoridades gubernamentales quienes están detrás de la mayoría de los actos de intimidación, amenaza y agresión de quienes ejercen el periodismo en México", apunta el informe presentado este miércoles por la organización.
El primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto se convierte en el más violento desde 2007, con una agresión a un comunicador cada 26,5 horas.
"Que sea el año más violento evidentemente nos debe asustar, preocupar, pero sobre todo es el año más violento contra la prensa cuando tenemos el sistema más robusto de protección institucional", dijo en una rueda de prensa el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez.
Ramírez aludía así a la existencia de órganos como la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), así como mecanismos y leyes de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
Criticó que en ocho años la fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión, que gasta anualmente más de 30 millones de pesos (US$2,8 millones), no ha tenido "ninguna sentencia condenatoria".
Asimismo, lamentó que dicha fiscalía no tomara en sus manos el caso de Gregorio Jiménez, el último periodista asesinado en el oriental estado de Veracruz.
De cada 100 agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación en 2013, 85 se dirigen contra un reportero o periodista, 10 contra directivos y las otras cinco se distribuyen entre columnistas, otros empleados y caricaturistas.
Las agresiones a personas representaron el 90% del total, mientras que el 10% restante fueron ataques a las instalaciones de los medios.
"Asesinatos de periodistas" y "salas de redacción llenas de miedo" hablan de un deterioro constante de la libertad de expresión en los últimos años, afirmó Ramírez.
Esta violencia causa "un efecto de autocensura en las redacciones" y que haya partes de México en donde los periodistas "no quieren reportar porque tienen miedo".
Entre los estados más violentos destaca Veracruz, donde 10 periodistas han sido asesinados desde enero de 2011, y en 2013 se registraron 14 agresiones (frente a las 3 de 2012).
Y también el Distrito Federal, donde se atestiguaron 34 agresiones y detenciones contra periodistas que cubrían protestas en sus calles, el mayor número desde 2007.
En la presentación del informe participó el periodista y escritor mexicano Juan Villoro, quien dijo que actualmente México vive "una situación particularmente grave".
"El Gobierno ha recibido la información de que la situación es preocupante, ha ofrecido responder al respecto, pero no ha hecho nada concreto para resolver la situación", apuntó.
"Del desconocimiento o el rechazo al tema que vivimos en la época de (Felipe) Calderón hemos pasado a un progresivo reconocimiento del problema, sin que esto mejore las condiciones en las que se ejerce el periodismo", añadió.
También estuvo presente Jennifer Robinson, abogada del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y miembro del consejo consultivo de la Artúculo 19, quien dijo al Gobierno mexicano y a "los responsables de cualquier tipo de intimidación" que "el mundo está mirando".
"Es la obligación del Gobierno mexicano investigar, perseguir y prevenir las intimidaciones futuras. La impunidad es inaceptable", aseveró la letrada del periodista australiano responsable de filtrar miles de cables diplomáticos y datos militares secretos.