El senador demócrata Robert Menéndez hizo públicos documentos, en el que el Departamento de Estado advierte que la medida de poner fin a la protección temporal para inmigrantes podría obligar a niños estadounidenses a regresar a los países de sus padres, exponiéndolos a la violencia.

Washington. El Departamento de Estado advirtió en octubre que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner fin a la protección temporal para inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua podría empeorar los esfuerzos contra el tráfico de drogas y la violencia de pandillas, de acuerdo a documentos oficiales.

El senador demócrata Robert Menéndez hizo públicos este miércoles los documentos, que también advertían que la medida podría obligar a niños estadounidenses a regresar a esos países con sus padres, exponiéndolos a una violencia desenfrenada.

El por entonces secretario de Estado Rex Tillerson escribió en una carta el 31 de octubre de 2017 que los países centroamericanos ya no calificaban para ser designados para el Estatus de Protección Temporal (TPS) debido a las condiciones mejoradas tras los desastres que inicialmente desencadenaron ese estado.

Pero también escribió que los países que pierdan el estatus de TPS probablemente tomarían represalias contra Estados Unidos al reducir su ayuda en la lucha contra la inmigración ilegal y la violencia de pandillas.

"El exsecretario Tillerson dejó en claro que terminar con el TPS para El Salvador y Honduras tendría grandes repercusiones, incluyendo la debilitación de nuestra cooperación para combatir el tráfico de drogas y las bandas criminales en América Central. Y sin embargo, la administración (del presidente Donald) Trump lo hizo de todos modos", dijo Menendez en un comunicado.

El TPS ofrece protección contra la deportación a inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, incluidos aquellos que ingresaron ilegalmente, de países afectados por desastres naturales, conflictos civiles y otros problemas.

Cuando Trump asumió el cargo, el TPS protegía a unas 300.000 personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

En mayo, el Gobierno de Trump anunció que los ciudadanos de Honduras perderían su TPS el 5 de enero de 2020, por lo que más de 55.000 hondureños serán potencialmente vulnerables a la deportación.

Y en enero dijo que terminaría el TPS para El Salvador el 9 de septiembre de 2019, otorgando a unos 200.000 salvadoreños 18 meses para abandonar el país o buscar la residencia legal.