Andrés Castillo, presidente del emblemático Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que quienes insisten en asegurar que en Guatemala hubo genocidio durante la guerra interna de 36 años que vivió el país, están equivocados.

Guatemala, EFE. Las diferentes expresiones de la conservadora derecha de Guatemala, encabezadas por las poderosas cámaras empresariales, organizaciones vinculadas con el Ejército y el mismo presidente Otto Pérez Molina, han cerrado filas respecto a lo ocurrido en el país durante la guerra, y niegan el genocidio.

Andrés Castillo, presidente del emblemático Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo este martes a los periodistas que quienes insisten en asegurar que en Guatemala hubo genocidio durante la guerra interna de 36 años que vivió el país entre 1960 y 1996, están equivocados.

"En nuestra opinión están estirando el concepto de genocidio. El término (genocidio) se entiende como todo acto intencionado de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religioso, y definitivamente, eso no sucedió en Guatemala", señaló el líder empresarial.

Para reafirmar su posición, por medio de un comunicado publicado en los medios locales, el Cacif señaló que los "condenables" hechos ocurridos durante el conflicto armado, "se produjeron en la lógica insensata de la guerra, donde guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí, lo cual no puede ser calificado bajo ninguna circunstancia como genocidio".

No hubo, según los empresarios organizados del país, "destrucción total o parcial de ningún grupo nacional, étnico, racial o religioso".

El presidente Otto Pérez Molina, general retirado y comandante de unidades militares en las zonas donde la Fiscalía de Derechos Humanos sostiene que sí hubo genocidio, y por lo cual se inició este martes un histórico juicio en contra del general golpista José Efraín Ríos Montt, también niega el genocidio.

La Justicia, dijo el mandatario a los periodistas, es importante; debe ser aplicada a todos por igual, "sin importar que rango o posición hayamos ocupado", pero, matizó, "que sea verdadera justicia".

"Que no sea presionada por un lado ni presionada por otro lado. Que se haga la justicia como debe ser", lo cual implica que los jueces deben tomar en cuenta que "no hubo genocidio en nuestro país", subrayó Pérez Molina.

La semana pasada, durante un foro con líderes empresariales, preguntado sobre los procesos judiciales iniciados en contra de militares, el presidente fue más amplió en sus argumentos respecto a negar el genocidio.

"Aquí en Guatemala no hubo genocidio, eso es lo que yo tengo que decir. Nunca hubo una política, nunca hubo un documento, y yo personalmente nunca recibí una orden de ir a masacrar a una población", dijo Pérez Molina, lo cual arrancó el aplauso del auditorio empresarial.

La denominada Asociación contra el Terrorismo, integrada por familiares y simpatizantes de miembros del Ejército, además de negar el genocidio, señalan a las organizaciones internacionales de derechos humanos y a los grupos izquierdistas de "inventar acusaciones", buscan "venganza desmedida" y de no aceptar que perdieron la guerra.

Ricardo Méndez Ruiz, directivo de la Fundación contra el Terrorismo, también ha acusado a la Fiscalía y a los jueces y magistrados que han rechazado los diversos recursos interpuestos para evitar el juicio, de ser "cómplices" del "complot internacional" en contra de los militares.

Ríos Montt, quien gobernó Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, es procesado junto a su ex jefe de Inteligencia Militar, el también general retirado José Rodríguez, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

La Fiscalía de Derechos Humanos asegura que los 1.771 indígenas ixiles muertos a manos del Ejército durante el período que estos militares lo comandaron, son una prueba contundente de que en Guatemala sí hubo genocidio, y que durante el juicio lo demostrarán.

El actual presidente Pérez Molina fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna del país centroamericano.

El conflicto armado duró 36 años (1960-1996) y dejó 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos durante los combates entre el ejército y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que se convirtió en partido político tras la firma de los Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996.

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) es la responsable de la búsqueda de osamentas en los cementerios clandestinos denunciados por familiares de las víctimas y hasta ahora han encontrado más de 5.000 cadáveres en fosas comunes.

Sobre la búsqueda de los desaparecidos, más de 45.000, el Congreso no ha cumplido con crear la Comisión que establecen los tratados de paz.