AI también destaca que líderes indígenas y campesinos se enfrentaron a "cargos infundados de terrorismo, sabotaje y homicidio", y se les sometió a procesamiento penal y detención arbitraria.

Londres. Ecuador no respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y dirigentes de esas comunidades, así como líderes campesinos, se enfrentaron a "cargos penales falsos destinados a restringir su libertad de reunión", según denunció este miércoles Amnistía Internacional (AI).

En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2012, AI señala que Ecuador rechazó la recomendación de la ONU de "garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado".

La organización humanitaria también destaca que líderes indígenas y campesinos se enfrentaron a "cargos infundados de terrorismo, sabotaje y homicidio", y se les sometió a procesamiento penal y detención arbitraria "con el fin de disuadirlos de expresar su oposición a leyes y políticas gubernamentales".

Aunque en la mayoría de los casos los jueces desestimaron los cargos por considerarlos infundados, AI subraya que al concluir el año tres líderes campesinos e indígenas seguían siendo objeto de procedimientos judiciales y otros tres habían sido declarados culpables y condenados a breves periodos de prisión.

En relación también con los derechos de los indígenas, AI recuerda que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó en agosto su preocupación por la "inexistencia de un proceso regulado y sistemático de consulta con los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afectaban", como la extracción de los recursos naturales.

En este sentido, AI indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó en julio que Ecuador no había consultado a la comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, con respecto a un proyecto petrolífero que se iba a llevar a cabo en su territorio, y reseña otros casos similares.

Amnistía Internacional también expresa su preocupación por la utilización de leyes relativas al delito de injuria contra periodistas, "vulnerando así el derecho a la libertad de expresión".

La organización humanitaria recuerda que en febrero, la Corte Nacional de Justicia confirmó la condena, a tres años de cárcel y el pago de US$40 millones en concepto de daños y perjuicios, impuesta a tres propietarios del diario El Universo y un periodista que trabajaba en él. El presidente indultó posteriormente a todos ellos.

El informe también se refiere al caso del fundador de Wikileaks, Julián Assange, a quien Ecuador concedió asilo diplomático y hace una reseña del conflicto con la empresa petrolífera Chevron por un caso de contaminación en la Amazonía.