Los estados de la Costa del Golfo y los municipios podrían entablar demandas por pérdida de impuestos. Lo mismo podrían hacer las compañías navieras si el tráfico hacia los grandes puertos o el río Misisipi se ve interrumpido.

Miami. Las compañías relacionadas al derrame de crudo en el Golfo de México enfrentan una oleada de demandas, mientras las acciones legales debido al desastre se multiplican más rápido que el crudo que fluye desde el pozo submarino roto de BP Plc.

Cerca de 100 demandas ya han sido presentadas en toda la región del Golfo, y el desastre, que según los abogados se convertirán en la demanda colectiva más grande de la historia de Estados Unidos, involucra miles de millones de dólares en posibles responsabilidades.

"Esto no es sólo un desastre ambiental, esto es un desastre legal", dijo este miércoles el fiscal general de Alabama, Troy King, a reporteros.

Zygmunt J.B. Plater, quien presidió un grupo legal para la comisión especial de Alaska luego del derrame del Exxon Valdez en la zona en 1989, dijo: "Parece claro que esto va a eclipsar al pago del Exxon Valdez".

"El impacto en términos económicos va a ser medible y va a ser mayor", afirmó Plater, un profesor de derecho en Boston College, quien agregó que la población y el nivel de inversión en las costas del Golfo hacen parecer ínfimos aquellos que estuvieron en riesgo en Alaska hace más de 20 años.

BP es la más expuesta al pago de potenciales daños en el caso. El gigante petrolero con base en Londres es propietario del pozo submarino roto que está lanzando crudo a una tasa no verificada de unos 5.000 barriles (795.000 litros) por día.

La mancha de crudo resultante amenaza playas, caletas pesqueras y refugios de vida salvaje -y estilos de vida- en toda la costa del Golfo.

Otras compañías involucradas incluyen a Transocean Ltd., propietaria de la planta de perforación Deepwater Horizon operada por BP, y Halliburton Co., que entrega una variedad de servicios a la plataforma y estuvo involucrada en la cementación del pozo para estabilizar sus paredes.

Las familias de los 11 empleados que murieron en la explosión de la plataforma Deepwater Horizon el 20 de abril han presentado reclamos por muertes injustas, y las personas que resultaron heridas también han tomado medidas legales.

Las compañías también enfrentan demandas de pescadores, restaurantes, compañías de turismo, hoteles y propietarios de propiedades en arriendo.

Los estados de la Costa del Golfo también podrían demandar, al igual que los municipios, por pérdida de impuestos, y las compañías navieras igual, si el tráfico hacia los grandes puertos o el río Misisipi se ve interrumpido.

"Estás hablando sobre la estructura económica completa de cinco estados y todos su negocios complementarios", dijo Tim Howard, un abogado de Tallahassee quien presentó la semana pasada la primera demanda colectiva en Florida por el derrame.

"Estas hablando quizás sobre unos US$ 500.000 millones aquí", agregó. "Es por eso que no juegas ni fastidias con algo tóxico", sostuvo.

Las acciones de BP han caído desde el accidente, perdiendo cerca de US$30.000 millones de su valor de mercado.

La compañía ha dicho en reiteradas oportunidades que asume la responsabilidad del derrame de crudo y que pagará cualquier reclamo de daños legítimos. El presidente ejecutivo de BP Tony Hayward ha dicho que eso incluye la interrupción de actividades de negocios.

"Algunas alertas”. BP declinó comentar este miércoles la cantidad de demandas que enfrenta actualmente relacionadas al derrame.

Pero actuó la semana para consolidar lo que entonces describió como "al menos 70 demandas" en una corte de Houston, el centro petrolero de Estados Unidos que también sirve como centro de comando para los equipos que dirigen los esfuerzos de limpieza del derrame.

En su presentación ante un panel judicial que decidirá qué corte es la mejor para las audiencias del caso, BP también tomó la inusual medida de pedir que la jueza Lynn Hughes de Houston, designada al estrado federal por el ex presidente Ronald Reagan, maneje la multimillonaria demanda.

"Es algo inusual que los acusados en un litigio masivo soliciten a un panel judicial que les envíen a una corte particular con un juez en particular", dijo Brent Coon, un abogado que lideró las acciones civiles contra BP después de la explosión de 2005 en su refinería de Texas City, en la que murieron 15 trabajadores.

"Ciertamente motiva algunas alertas para algunas personas", agregó Coon, cuya firma representa a un sobreviviente de la explosión en la plataforma de BP que demanda a la firma, a Transocean y Halliburton, entre otros. "El plan de BP es decir que es transparente, cuando de hecho no lo es. Decir que acepta la responsabilidad, cuando en realidad está apuntando el dedo hacia otros", afirmó.

Una demanda presentada contra BP por uno de sus propios accionistas, quien reclama que la compañía ayudó a provocar el derrame del Golfo al poner las ganancias por sobre la seguridad, fue retirada el martes por el demandante sin una explicación de los abogados.

Sin embargo, la medida ofrece poco descanso a BP.

"La cantidad de casos va a aumentar dramáticamente", dijo Robert Gordon, un abogado de la firma de Nueva York Weitz & Luxenberg, que representa a 500 pescadores comerciales de la zona del Golfo en el litigio por el derrame.