Diputados opositores venezolanos denunciaron hace unos días la desaparición de una treintena de mineros en el municipio de Sifontes. El gobierno, tras negar los hechos, investiga dónde están los presuntos desaparecidos.

El pasado sábado, el gobernador del estado venezolano de Bolívar -sureste del país- y miembro del oficialista Partido Socialista, Francisco Rangel, anunció su intención de acusar ante la justicia a varios diputados opositores del partido La Causa R por la presunta financiación de su actividad política con recursos procedentes de la minería ilegal. Asimismo, anunció que dichos opositores se estarían encargando de difundir rumores sobre la supuesta muerte de mineros.

Rangel se puso en contacto el sábado con el canal VTV de la televisión estatal, tras haber advertido cómo se difundían por Twitter informaciones acerca del supuesto asesinato y descuartizamiento de al menos 28 trabajadores en una mina de oro situada en el municipio de Sifontes, en Bolívar, el viernes 4 de marzo. En declaraciones a VTV, Rangel acusó a los opositores de tratar de "aterrorizar a la población" valiéndose de "politiquería barata y absolutamente irresponsable".

"Es absolutamente falsa esta información dada por estos personajes de la derecha (...); la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hizo un rastreo" por Sifontes en busca de los supuestos mineros asesinados "y no hay absolutamente nada", aseguró Rangel.

xxx

Un día después, el domingo, el diputado asesor de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), José Guerra, desechó la versión de Rangel y anunció que el pleno del Parlamento debatirá sobre la supuesta masacre. Además, comunicó el probable envío de una comisión parlamentaria para investigar qué está sucediendo en Tumeremo, la ciudad de aproximadamente 50.000 habitantes y capital del municipio de Sifontes.

"Hay una gran confusión porque el gobernador Rangel Gómez sugiere que no ha pasado nada, mientras los diputados Andrés Velásquez y Américo De Grazia han hablado con personas (supuestos mineros sobrevivientes) de que hay muchos fallecidos".

Mientras tanto, el diputado De Grazia acusó al gobernador venezolano a través de Twitter de actuar como Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero (México), donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas en 2014.

Asimismo, De Grazia informó a los medios que familiares y vecinos de los mineros presuntamente asesinados y desaparecidos se habrían manifestado para exigir su vuelta, algo que tampoco confirmaron las autoridades.

Ante el devenir de los acontecimientos, la Fiscalía General informó de su decisión de designar a un fiscal nacional y a otro regional "a los fines de verificar los presuntos hechos". Los fiscales ya realizan "las primeras diligencias junto a expertos" del Ministerio Público y del policial Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre ellas entrevistas "a familiares de las presuntas víctimas con el propósito de recabar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido", detalló la Fiscalía en un comunicado.

Testimonios de los familiares. Los propios familiares de los supuestos desaparecidos bloquearon la carretera troncal 10, una de las principales vías de la ciudad de Tumeremo, exigiendo que busquen a los mineros y que se aclaren los hechos. Un familiar de una las víctimas contactado por Reuters dijo que su hijo y un amigo se dirigían a la mina Atenas en una motocicleta cuando se vieron obligados a detenerse en un puesto de control manejado por una banda criminal y hombres ataviados con uniformes de las fuerzas de seguridad, en donde tenían mineros retenidos.

"Mi hijo trató de huir, pero le dispararon en la espalda", dijo la persona, que pidió no ser identificada por temor a represalias. "Obligaron a estos mineros a recoger estos cadáveres y tirarlos en un camión. Los restos de mi hijo los tiraron", agregó.

Carlos Chancellor, alcalde del municipio de Sifontes -donde se encuentra la mina-, dijo a Reuters que serían 28 los mineros que permanecen desaparecidos desde el viernes cuando se dirigieron a la mina Atenas, según la información suministrada por los familiares de las presuntas víctimas.

"Es ilógico, es irracional la afirmación del gobernador al declarar que aquí no ha pasado nada. El hecho de que no hayan aparecido los cadáveres no significa que no haya pasado nada porque hay dolientes, hay hermanas, hermanos, madres llorando, desesperadas", dijo Chancellor en entrevista telefónica.

Ya el lunes, el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel, dijo en rueda de prensa que "todavía no tenemos un solo elemento que nos indique que haya una persona fallecida", al tiempo que advirtió que esto no quiere decir que "no haya fallecidos o no pueda haber fallecidos, eso es muy distinto".

Estado de la investigación. En su comparecencia ante los medios, Rangel comunicó que, según las investigaciones preliminares, "debió generarse un enfrentamiento entre bandas armadas" en el poblado de Tumeremo y que, hasta el momento, el fiscal del distrito "posee una sola denuncia formulada sobre un presunto desaparecido, no existen datos precisos ni denuncias sobre otros casos".

El diputado De Grazia, por su parte, también compareció ante la prensa:

"Esto es una historia que a mí me resulta demasiado suspicaz, hay muchas cosas que se están encubriendo y mucho crimen, hay muchas más preguntas que respuestas a estas cosas que estamos diciendo", dijo De Grazia, y añadió: "La gente de Tumeremo sabe dónde están los cuerpos, eso te lo garantizo. Saben cómo desaparecen los cuerpos en la zona".

El parlamentario, que integra la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dejó entrever que las autoridades podrían estar "liquidando al pueblo", como parte de una "exigencia" de la minera canadiense Gold Reserve, con la que firmó el pasado 25 de febrero un acuerdo por US$2.000 millones para explotar oro en ese sector.

"Yo quiero ver a la Gold Reserve ocupar las minas que hoy ocupa 'El Guancho' con más de 10.000 hombres armados, yo quiero ver cómo se van a meter en esas minas (...) están haciendo un fraude de carácter internacional", señaló De Grazia. "El Guancho" es, según De Grazia, uno de las cinco personas que dominan los territorios mineros en cuestión con bandas criminales y el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado.

El pleno del Parlamento unicameral, controlado por opositores, prevé debatir este martes sobre la supuesta masacre.