Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, desapareció el 30 de junio tras abandonar a sus escoltas en una zona de capacitación y reincorporación para excombatientes en el departamento de Cesar, cerca de la frontera con Venezuela.
Bogotá. Un desaparecido legislador de la desmovilizada guerrilla de las FARC acusado por Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína no asistió este martes a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, por lo que el gobierno pidió al tribunal que ordene su inmediata captura.
Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, desapareció el 30 de junio tras abandonar a sus escoltas en una zona de capacitación y reincorporación para excombatientes en el departamento de Cesar, cerca de la frontera con Venezuela, en lo que ha sido considerado por el gobierno como una burla al acuerdo de paz con la guerrilla.
Si bien al momento de desaparecer no tenía ninguna orden de captura y se podía mover libremente por el país, el gobierno acusó a Hernández de evadir su responsabilidad ante la justicia y el proceso de paz, a diferencia de otros líderes de la guerrilla que dejaron las armas.
"Lo que yo creo que procedería para darle confianza y tranquilidad al país sobre la contundencia de la justicia (...) es que le dicten una orden de captura para que los organismos de policía judicial puedan perseguirlo y obviamente que se le inicie el proceso", dijo el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila.
Santrich, de 52 años y que tiene dificultades visuales por un glaucoma, asumió como congresista a comienzos de junio, después que la Corte Suprema ordenó su libertad luego que otro tribunal le reconoció su condición de legislador tras haber permanecido más de un año en la cárcel por cargos de narcotráfico.
El abogado de Santrich, Eduardo Matías, dijo a la corte que desconocía el paradero de su cliente y sostuvo que probablemente está atemorizado.
"Nosotros manifestamos que las cortes han dado las garantías pero que hay un linchamiento público por el ejecutivo, incluyendo la embajada norteamericana, que amenaza con llevárselo de cualquier manera, aún contra la voluntad de las decisiones judiciales", declaró Matías a periodistas.
El exnegociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había asumido uno de los 10 escaños en el Congreso que le otorgó a ese grupo convertido en partido político un acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.
Estados Unidos solicita en extradición a Hernández por su presunta responsabilidad en una negociación con narcotraficantes para exportar desde Colombia un cargamento de 10 toneladas de cocaína valorado en US$320 millones, acusaciones que el exlíder guerrillero ha negado.
Bajo el acuerdo de paz más de 13.000 integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC se reincorporaron a la sociedad que sigue dividida entre quienes apoyan su llegada a la política y los que quieren verlos en la cárcel pagando por los delitos cometidos durante el conflicto.