La unidad comenzó su trabajo en 2014, enfocándose en la contratación de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, aunque su alcance se expandió rápidamente.
Brasilia. La unidad anticorrupción Lava Jato de Brasil cerró oficialmente, el fin de una era para un equipo de fiscales que ayudó a enviar a la cárcel a decenas de líderes políticos y empresariales latinoamericanos, incluidos varios ex presidentes.
El grupo de trabajo, que surgió de una investigación de rutina por lavado de dinero en un local de lavado de autos en Brasilia, dejó de existir el lunes, aunque su disolución no fue anunciada sino hasta el miércoles por la Fiscalía Federal (MPF).
Algunos de sus fiscales serán trasladados a la unidad de crimen organizado del MPF, donde continuarán con su trabajo, según el comunicado de la agencia.
El equipo Lava Jato comenzó su trabajo en 2014, enfocándose en la contratación de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, aunque su alcance se expandió rápidamente. Los ex presidentes y las principales empresas de América Latina, que durante años se pensó que eran intocables, estuvieron implicados en extensos esquemas de corrupción descubiertos por los investigadores.
Entre las figuras destacadas que fueron encarceladas por la investigación se encontraba el popular ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fuera de Brasil, los ex presidentes de Perú, El Salvador y Panamá también fueron encarcelados como resultado de las investigaciones iniciadas por el grupo de trabajo. Las principales empresas internacionales, como Maersk y Glencore, también han estado bajo el microscopio de los investigadores.
Pero muchos izquierdistas se habían vuelto cautelosos con la investigación, en parte debido al encarcelamiento de Lula, mientras que una serie de conversaciones filtradas en 2019 plantearon dudas sobre si los investigadores estaban tomando atajos para asegurar los enjuiciamientos. Las investigaciones sobre corrupción en familiares del presidente de derecha Jair Bolsonaro han hecho que algunos conservadores sospechen también de los esfuerzos para combatir la corrupción.
Eso había dejado en duda el futuro de Lava Jato, incluso cuando su trabajo seguía siendo popular entre los brasileños. En septiembre, el fiscal general brasileño Augusto Aras extendió el mandato del grupo de trabajo hasta el 31 de enero, pero no dijo si lo renovaría.
Según sus propios datos, el grupo de trabajo de lavado de autos fue responsable de 295 arrestos, 278 condenas y 4.300 millones de reales (US$ 803 millones) en ganancias mal habidas que fueron devueltas al Estado brasileño durante sus aproximadamente siete años de funcionamiento.