Francisco Salgado, ex subdirector operativo de la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, fue detenido en el estado de Morelos, vecino a la capital del país, dijo la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
México DF. Fuerzas federales mexicanas detuvieron el jueves a un ex jefe policial presuntamente involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el violento estado de Guerrero hace más de siete meses, un caso todavía abierto que ha golpeado al Gobierno.
Francisco Salgado, ex subdirector operativo de la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, fue detenido en el estado de Morelos, vecino a la capital del país, dijo la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
Salgado, de 41 años, habría participado en la detención y entrega de los estudiantes a miembros de la delincuencia organizada. También habría recibido dinero de los delincuentes a cambio de protección.
Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos pobres, pertenecían a una escuela rural de magisterio. La tarde del 26 de septiembre del 2014 salieron hacia Iguala a recolectar fondos para participar en una protesta en la Ciudad de México, distante más de 300 kilómetros de la escuela.
Las investigaciones indican que fueron detenidos por policías locales después de un enfrentamiento y entregados a sicarios para ser luego llevados hasta un basurero en Cocula, también en Guerrero, donde fueron asesinados e incinerados. Algunos murieron en el trayecto al basurero.
Salgado fue detenido cuando se trasladaba en un vehículo a una reunión familiar en Cuernavaca, la capital de Morelos. Al momento de su captura, que se realizó sin disparos, llevaba cartuchos para fusil de asalto AK-74, dijo el comunicado.
El ex jefe policial había logrado evadir la captura ocultándose con familiares en Guerrero y Morelos.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien según la fiscalía dio la orden de capturar a los estudiantes y quien está detenido, ha sido acusado de desaparición forzada. Su esposa, María de los Angeles Pineda, formaban parte de la organización criminal que asesinó a los jóvenes.
Los familiares de los estudiantes han liderado protestas masivas y acusado al Gobierno por no haber hallado a los jóvenes. Incluso algunos de ellos creen que los estudiantes aún están vivos y que el Ejército podría tenerlos secuestrados.
