Tal como se venía rumorando en los últimos días, el gobierno Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo marco para ensayar de nuevo una mesa de diálogo, y este martes lo admitieron tanto el presidente como el máximo comandante de esa guerrilla.

Una década después del fracaso de las negociaciones de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC en la región del Caguán, vuelve y juega la posibilidad de llegar al fin del conflicto armado por la vía política.

Tal como se venía rumorando en los últimos días, el gobierno Santos y las FARC firmaron un acuerdo marco para ensayar de nuevo en una mesa de diálogo, y este martes lo admitieron tanto el presidente como el máximo comandante de esa guerrilla, quienes destaparon sus cartas bajo la convicción de que esta vez se quiere llegar al final de la guerra.

En principio, el jefe de Estado admitió que el “Acuerdo general para la terminación del conflicto” suscrito con las FARC, tuvo su origen “en unos canales que había establecido el gobierno anterior” y que el actual retomó y continuó.

Además, reveló que las conversaciones exploratorias se hicieron de manera directa durante seis meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En dicho proceso se acordaron la agenda y las reglas de juego para que haya seriedad y realismo.

En su intervención para anunciar los avances con las FARC, el presidente Santos aclaró que lo que tiene es una hoja de ruta y que el paso inmediato es comenzar a dialogar en Oslo (Noruega) durante la primera quincena de octubre, y luego continuar en La Habana.

La idea es que las conversaciones no tengan un tiempo ilimitado, que se puedan medir en meses y no en años, que no impliquen ceder un solo milímetro del territorio nacional y que cada cierto tiempo se evaluará si hay avances. Si no los hay, no continuará el proceso.

Santos explicó que por ahora la estructura del proceso tiene tres fases. Una primera de exploración, que ya llevó a la firma del acuerdo. Un segundo momento de sesiones de trabajo reservadas y directas, a través de una discusión sin interrupciones y sin intermediarios sobre los puntos establecidos para llegar al final. La última fase estaría centrada en la implementación de los pactos logrados, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación, sobre la base de una agenda concreta.

Dicha agenda tiene que ver con desarrollo rural; garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana; el fin mismo del conflicto armado, incluyendo dejación de armas y reintegración de las Farc a la vida civil; solución al tema del narcotráfico y finalmente preservar los derechos de las víctimas. Se trata de una ambiciosa agenda política que para su realización exige mucha seriedad y discreción. En el entretanto, aclaró Santos, “no habrá concesiones de ningún tipo en el terreno militar”, es decir, seguirán las operaciones ofensivas contra la guerrilla.

A su vez, el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, a través de un video que fue presentado este martes en La Habana, envió un mensaje en el que sostuvo que regresan a una mesa de negociación del conflicto porque son reconocidos como “adversarios militares y políticos” y porque “la llave de la paz está en el bolsillo del pueblo”.

El comandante guerrillero agregó que las FARC son optimistas frente al futuro de los acercamientos y que pese a las señales en contra, el movimiento insurgente guarda la esperanza de que “no se intente repetir la trama del pasado”.

Esta última declaración quedó enmarcada en duras críticas de Timochenko al capítulo del Caguán de la era Pastrana, sobre el cual expresó que “todo fue un ardid oficial para ganar tiempo” por lo que hoy “Colombia entera debe ponerse en pie para impedir que esto vuelva a suceder”. En tal sentido, reiteró que la guerrilla llega a un nuevo momento de diálogo asediada “no sólo por el embate militar, sino por el peligro de los que quieren que renunciemos a nuestros justos reclamos a cambio de una vulgar entrega”.

A pesar de los duros términos de ambas intervenciones, en el sentido de levantar las banderas de la paz sin arriar los fusiles de la guerra, ayer mismo empezaron a multiplicarse los mensajes de apoyo a la decisión del Gobierno y las Farc. En principio, el gobierno de Noruega, que será anfitrión del inicio de las negociaciones, resaltó que se requiere valor para buscar la paz. Su ministro de Relaciones Exteriores, Jonas Gahr Stoere, agregó que su país hará todo lo posible para que este importante paso tenga el desarrollo esperado y se pueda poner fin al largo conflicto de Colombia.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aclaró que el siguiente paso que tiene que dar el Gobierno es notificarle de quiénes van a ser los representantes de la guerrilla en la mesa de negociación, pues en seguida sería una obligación de jueces y fiscales suspender las órdenes de captura en su contra, incluso las de carácter internacional. Todo parece indicar que, en principio, los negociadores de las Farc serían Iván Márquez y Jesús Santrich, aunque en Cuba ya se encuentran Marcos Calarcá, Ricardo Téllez y El Médico.

Como quiera que las mayores dificultades suelen presentarse en el ámbito jurídico, el fiscal Montealegre puntualizó que el Marco por la Paz, que fue aprobado en el Congreso, requiere ahora de una ley estatutaria para que se defina cuál sería la ruta a seguir en materia de investigación y sanción de los integrantes de las FARC. En ese momento tendría que tomarse una decisión entre seleccionar para el juzgamiento a los máximos responsables o tratar de llegar a sentencias por todos los crímenes cometidos por el grupo guerrillero.

En este contexto es donde se presentan las mayores complicaciones. El fiscal fue claro en reconocer que “es imposible que un sistema penal pueda abarcar simultáneamente la investigación íntegra de todos los hechos del conflicto. Sólo en Justicia y Paz hay 300 mil hechos y ningún sistema judicial del mundo tiene la capacidad de juzgar una cantidad como esta”. En consecuencia, el otro debate, paralelo a la mesa de negociación, será el de expedir una ley estatutaria que defina cómo se van a aplicar penas alternativas, principios de oportunidad o suspensión de condenas.

El máximo crítico de este nuevo proceso de negociación ha sido el ex presidente Álvaro Uribe, quien este martes mismo calificó como un error emprender un proceso de paz sin exigirles a las FARC un cese de hostilidades. De paso, mostró su inconformidad frente a la posibilidad de que “terroristas lleguen a ejercer política en el Congreso”. Uribe recordó que esa guerrilla pagó $1.000 millones por el atentado a Fernando Londoño, que luego perpetraron las bandas criminales. En el futuro éstas se van a sentir con igual derecho al diálogo.

Del otro lado de la opinión, el Partido Liberal, a través de su director, Simón Gaviria, anunció su respaldo al presidente Santos en la iniciativa de paz y dijo que el contexto del país ha cambiado y va a ser un proceso distinto al del Caguán. “Si sale bien, es un cambio en la historia de Colombia. Si sale mal, el riesgo es limitado porque no se hizo ningún tipo de concesión a las Farc”, agregó Gaviria, quien coincidió con el vocero del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien calificó el anuncio como una forma de generar confianza a la sociedad.

En pocas palabras, como en otras ocasiones desde hace 50 años, el país vuelve a creer en un proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Hace 28 años, a instancias del gobierno de Belisario Betancur, se llegó al máximo avance con la firma de un cese al fuego. Sin embargo, la tregua nunca se cumplió del todo y desde entonces no ha pasado un solo gobierno que no haya intentado algún tipo de acercamiento . Hasta en los tiempos de Uribe hubo efímeras tentativas. Hoy es el presidente Juan Manuel Santos quien quiere estrenar la llave de la paz que tenía en el bolsillo desde el 7 de agosto de 2010.