Según informaron fuentes judiciales, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda Lillo, condenó a los suboficiales retirados de la Armada José Manuel García Reyes y Héctor Fernando Palomino López por el secuestro calificado (desaparición) de Miguel Woodward.
Santiago de Chile, EFE. Un juez chileno condenó este martes a tres años y un día en régimen de libertad vigilada a dos antiguos integrantes de la Armada por la desaparición del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward en 1973, y absolvió a otros seis ex funcionarios de esa institución procesados por el crimen.
Según informaron fuentes judiciales, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda Lillo, condenó a los suboficiales retirados de la Armada José Manuel García Reyes y Héctor Fernando Palomino López por el secuestro calificado (desaparición) de Woodward.
Además, en una sentencia de primera instancia, absolvió a Manuel Leiva por padecer demencia, y a Carlos Miño, Marcos Silva, Guillermo Inostroza, Luis Pinda y Bertalino Castillo por falta de participación.
En el aspecto civil, el juez estableció que el Estado debe pagar una indemnización de 50 millones de pesos (unos US$106.000) a la hermana de la víctima por concepto de daño moral.
Previamente, el juez Miranda, en una resolución emitida en 2011 que fue ratificada por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema, dictó el sobreseimiento de otros 19 oficiales en retiro que habían sido procesados en este caso.
Miguel Woodward, un sacerdote católico que tenía la doble nacionalidad británica y chilena, fue arrestado unos días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 por una patrulla de la Armada en su domicilio de Valparaíso, unos 125 kilómetros al oeste de Santiago.
El religioso fue conducido primero a la Universidad Técnica Federico Santa María y después a la Academia de Guerra Naval, y en ambos lugares fue torturado.
El 21 de septiembre de 1973 fue sacado de la Academia y trasladado al buque escuela Esmeralda, que tras la asonada militar encabezada por Augusto Pinochet operó también como lugar de detención y tortura.
En la investigación está acreditado que Woodward murió a bordo de la Esmeralda a causa de los tormentos y que su cuerpo fue llevado al Hospital Naval, pero sus restos nunca han sido hallados.
En otra causa de derechos humanos, un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, acusó a trece agentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen, por el secuestro calificado (desaparición) de un matrimonio.
Varios de los inculpados, como Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Miguel Krassnoff, formaron parte de la cúpula de la DINA y cumplen actualmente prisión por varias causas de violaciones de los derechos humanos.
Las víctimas, Bernardo José Araya, exdiputado del Partido Comunista de Chile, y María Olga Flores, de 64 y 60 años de edad, fueron detenidas en 1976 en su domicilio en Quintero, en el litoral central de Chile, y trasladadas a Santiago, donde se perdió su rastro.
Una de las hijas del matrimonio, Mónica Araya, una abogada que hoy tiene 74 años, se convirtió sin quererlo en protagonista de la marcha que los estudiantes protagonizaron el pasado 11 de abril en Santiago, cuando encaró a grupos de encapuchados.
"Luché contra la dictadura y estuve en las calles porque tengo mis padres que están detenidos desaparecidos y tengo un hijo ejecutado. Luchábamos para volver a la democracia y hoy día los jóvenes tienen un proyecto, un sueño, y ese sueño no se puede quedar en esto de destruir un semáforo, una señal de tráfico, saquear un local comercial", dijo entonces Araya a CNN Chile.
