La legislación, una revisión del Código de Bosques de Brasil, otorga una amnistía parcial a los propietarios de tierras que talaron ilegalmente algunos de sus bosques hasta una fecha tan reciente como 2008.
Sao Paulo/Brasilia. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, probablemente vetará algunos aspectos controvertidos de una ley de bosques aprobada por el Congreso en abril, en medio de una fuerte presión contra el texto días antes de que el país organice una gran conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable.
La legislación, una revisión del Código de Bosques de Brasil, otorga una amnistía parcial a los propietarios de tierras que talaron ilegalmente algunos de sus bosques hasta una fecha tan reciente como el 2008, relajando los requerimientos legales para la reforestación de esas áreas.
El texto también reduce significativamente la cantidad de vegetación que debería quedar intacta en las riberas de los ríos a lo largo y ancho de todo el país, rico en agua.
Rousseff tiene hasta este viernes para decidir el veto de secciones del revisado Código Forestal.
Dos semanas más tarde, la nación empezará a recibir a miles de jefes de Estado, funcionarios, científicos y activistas de todo el mundo para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Rio+20.
Fuentes cercanas a la presidenta dicen que probablemente vetará al menos algunas partes de la ley. Gilberto Carvalho, miembro del gabinete de Rousseff, indicó que se había dedicado al tema en los últimos días.
"Ha sido meticulosamente estudiado, artículo por artículo, y no habrá ninguna amnistía a grandes 'deforestadores'. (sic)", aseguró.
Otra ministra, Idely Salvatti, que es responsable de las relaciones institucionales del Gobierno, dijo que parece seguro en este punto que se realizarán algunos vetos.
"Pero exactamente qué va a quedar afuera del texto, sólo Dilma lo sabe", explicó.
Más temprano esta semana, un grupo de 10 ex ministros brasileños de Medio Ambiente publicaron un manifiesto en la página de opinión del diario más vendido del país, donde le pidieron a Rousseff que ordene un veto parcial de la ley.
Aumenta la presión. Las organizaciones ambientalistas y la comunidad científica se oponen firmemente al texto y lanzaron una campaña en los últimos días para reclamar un veto presidencial.
Temen que los cambios propuestos al Código Forestal pongan en peligro los recientes avances de Brasil en la reducción de la deforestación, el mayor contribuyente de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Algunos analistas dijeron que, con todos los ojos sobre Brasil como organizador de una importante conferencia ambiental, Rousseff podría verse obligada al veto.
"La proximidad de un evento de esta escala obviamente añade presión al país para que ceda a una posición que sea considerada razonable", opinó Alberto Pfeifer, politólogo de la Universidad de Sao Paulo.
El momento en que Rousseff debe tomar la decisión deja a algunos en el sector agrícola preocupados de que los posibles cambios en el texto sean demasiado duros para ellos.
"Debido a que el tema es muy sensible, sobre todo en la víspera de Rio+20, la idea de ponerse en contra de los productores rurales es atractiva", dijo Rodrigo Lima, investigador de RedeAgro, un grupo de estudios ligado a la agricultura a gran escala.
Lima manifestó que si el gobierno quiere ratificar las estrictas medidas de protección forestal actuales, debería empezar a pensar alternativas para aliviar la carga financiera que esas normas representarían para los productores rurales.
