Lula es investigado por la justicia para determinar si se benefició de la red corrupta que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras.
Río de Janeiro. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, rechazó este lunes las acusaciones de supuesto blanqueo de dinero y ocultación de patrimonio en contra del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
La jefa de Estado aseguró que su antecesor en el cargo y padrino político es "objeto de una gran injusticia".
Rousseff y Lula se reunieron el viernes en Sao Paulo, tras lo cual la prensa comenzó a especular sobre los temas que abordaron en el encuentro.
"Converso sistemáticamente con Lula. Creo que él está siendo objeto de un gran injusticia", explicó la jefa de Estado desde Río de Janeiro, donde defendió el liderazgo nacional y regional de Lula.
"Respeto mucho la historia del ex presidente Lula y estoy segura de que este será un proceso que será superado porque creo que el país, América Latina y el mundo necesitan de un líder con las características del ex presidente Lula", aseveró.
Lula es investigado por la justicia para determinar si se benefició de la red corrupta que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras.
El ex presidente es señalado como el propietario de una gran finca rural de 173.000 metros cuadrados en el estado de Sao Paulo, aunque oficialmente es de dos amigos suyos.
Según versiones difundidas por algunos medios locales de comunicación, Lula visitó en los últimos años 111 veces la finca, cuya remodelación de la vivienda fue cubierta por una constructora involucrada en la trama corrupta.
El ex presidente admitió que visita la finca con frecuencia, sin embargo negó ser el dueño y sostiene que existe una trama que intenta "ensuciar" su nombre y tratar de vincularlo a la corrupción petrolera.
Lula también es investigado por ser supuestamente el propietario de un departamento en el balneario de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, el cual se sospecha adquirido con dinero desviado de Petrobras, blanqueado mediante operaciones ilegales en el sector inmobiliario.
El departamento está registrado a nombre de la constructora OAS, implicada en la corrupción petrolera y también responsable por algunas de las remodelaciones en la finca rural de Sao Paulo.
La policía sostiene que OAS distribuyó departamentos en el edificio de Guarujá, como parte de los sobornos que pagaba a los políticos que amparaban los desvíos de Petrobras.
