Jorge Venegas, militante del Partido Comunista (PC) y chileno de nacimiento, incumplía la Constitución al ocupar el cargo de ministro sin haber cumplido el número de años requerido como ciudadano legal para poder hacerlo.
Montevideo, EFE. El presidente uruguayo José Mujica aceptó este martes la renuncia del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, debido a que éste carecía de la habilitación legal pertinente para estar en ese cargo, pese a que lo ejercía desde julio de 2011.
Esta dimisión pone fin a una polémica que arrancó a finales de enero cuando el opositor Partido Colorado denunció que Venegas, militante del Partido Comunista (PC) y chileno de nacimiento, incumplía la Constitución al ocupar el cargo de ministro sin haber cumplido el número de años requerido como ciudadano legal para poder hacerlo.
El ministro dimisionario será sucedido por la también comunista Susana Muñiz, funcionaria de alto rango en el ministerio de Salud, y que fue propuesta para el cargo por el directorio del PC pese a que Mujica no la conocía, para mantener así la cuota de poder de los comunistas en el gobierno.
Precisamente Muñiz y Mujica se reunieron este martes en la residencia privada del presidente, poco antes de que se hiciera pública la renuncia de Venegas.
Tras el encuentro, el mandatario señaló que Venegas seguirá trabajando en el ministerio pero en calidad de asesor de la ministra y confirmó que esta asumirá el cargo la semana próxima.
La renuncia de Venegas se produjo antes de que la Corte Electoral decretara su inhabilitación, que se daba por hecho puesto que el exministro adquirió la ciudadanía uruguaya en 2004 y la empezó a ejercer en 2007, cuando la Constitución señala que se requieren siete años de antigüedad en el ejercicio de la misma para poder asumir el cargo.
La semana pasada, el PC ya comenzó a buscar un sustituto para el dimisionario ministro después de reconocer "un error involuntario" en su nombramiento.
Venegas asumió el cargo en julio de 2011 en sustitución de Daniel Olesker, que pasó a desempeñar la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social, y al poco tiempo tuvo que afrontar la gestión del caso de los dos enfermeros que confesaron el asesinato de al menos 15 pacientes y que mermó mucho la confianza en el sistema de salud del país suramericano.
Además, también tuvo que afrontar la reglamentación de la ley que despenalizaba el aborto hasta la semana 12 de gestación, la lucha por preservar al país libre de dengue autóctono y la profundización y ampliación de las normas contra el uso del tabaco.
