Investigarán la compra de dos campos en la zona de José Ignacio que presentan visos de ilegalidad

La Justicia de Crimen Organizado no esperará a que la Justicia argentina informe qué delitos se indagan en ese país para saber si puede avanzar en la investigación por lavado. A la luz de otros delitos que podrían haberse cometido en Uruguay, se comenzará por investigar la compra de los dos campos de la que han participado empresarios vinculados al gobierno kirchnerista que en Argentina están bajo la lupa judicial por lavado.

A pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos solicitó a la justicia argentina conocer los delitos que se investigan en ese país para poder rumbear la indagatoria en Uruguay, informó Búsqueda el jueves pasado.

Para que exista lavado, el delito precedente que se investiga en Argentina debe ser delito en Uruguay. No obstante, fuentes de la investigación dijeron a El Observador que han surgido otros hechos –de los que informó El Observador– que ameritan ser investigados.

La jueza de los Santos está a la espera de la investigación que realizó la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y que concluyó la semana pasada. La jueza libró un oficio pidiendo que le hagan llegar esa documentación y en las próximas horas la recibirá, informaron las fuentes.

También está a la espera de informes que la jueza pidió a otros organismos estatales. Cuando reúna la información solicitada, dará vista al fiscal y luego comenzarán las citaciones a personas implicadas.

El expediente se inició por la denuncia que presentaron los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña sobre la actividad de sociedades creadas en Uruguay por empresarios argentinos con el presunto fin de lavar dinero.

A esa denuncia se sumó luego la compra del campo El Entrevero en José Ignacio, adquirido en US$14 millones por el contador Daniel Pérez Gadín, mano derecha del empresario Lázaro Báez, ambos investigados en Argentina por lavado. En el negocio de ese campo, del que informó El Observador, participaron otros presuntos testaferros vinculados a Báez, entre ellos Maximiliano Acosta (socio y amigo del presunto “valijero” de la organización, Leonardo Fariña) y Óscar Guthux, exgerente del hotel Alto Calafate, que fuera propiedad del expresidente Néstor Kirchner y también vinculado a Báez.

Uno de los aspectos que indagará la Justicia es la forma de pago de ese campo adquirido por Pérez Gadín a través de Jumey SA. La forma de pago –que debe constar detalladamente en la escritura– fue modificada dos veces por documentos privados.

Primero, el vendedor, Walter Kobylanski, firmó con Traline SA un compromiso de compraventa del campo por US$14 millones el 4 de marzo de 2011. Ese día, Traline pagó la primera cuota, de US$ 1,4 millones.

En referencia al saldo restante (US$12,6 millones), el documento expresa que “los pagos se realizarán en la cuenta que indique la parte promitente vendedora, mediante transferencia bancaria”.

Luego en la escritura de cesión de compromiso de compraventa de Traline a Jumey, consta un último pago con una Letra de Cambio del Banco Santander, número 019 320258, por US$2.876.340. Se desconoce como se pagaron los restantes US$9.723.660.

Pero además, la Justicia indagará la compra de otro campo que también presenta visos de ilegalidad. Se trata del padrón 706 de José Ignacio, vendido el 30 de agosto de 2011 por Traline, representada por Guthux, a Jumey SA. Sin embargo, el documento no lo firmó Pérez Gadín, sino un apoderado que trabaja en el estudio del escribano que documentó todas las escrituras, Adolfo Pittaluga Shaw.

El documento de compra-venta firmado por Guthux está fechado en Montevideo. Sin embargo, en los archivos de la Dirección de Migración consta que Guthux salió de Uruguay hacia Argentina el 1º de agosto y no volvió a entrar en 2011; o sea, Guthux no estaba en Uruguay el 30 de agosto. La documentación de Migraciones muestra que un día después de concretado ese negocio, el 31 de agosto, Pittaluga viajó a Buenos Aires y regresó el 1º de setiembre.

Esa escritura podría ser nula y haberse cometido el delito de falsificación ideológica. Entre los citados por la Justicia estarán el escribano Pittaluga, así como se pedirá colaboración a la Justicia argentina para interrogar a los empresarios de ese país.