El diputado Marvin Ponce justifica considera que con esta medida se apaciguaría el conflicto agrario que ha provocado muchas muertes y heridos entre miembros del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán y guardias de seguridad de los empresarios agrícolas.

La expropiación de doce fincas ubicadas en el Bajo Aguán, valoradas en más de 700 millones de lempiras (US$36.386.300), ha solicitado vía proyecto de decreto el diputado, Marvin Ponce, en la sesión de este jueves del Congreso Nacional.

Ponce justifica en su exposición de motivos que con esta medida se apaciguaría el conflicto agrario que ha provocado muchas muertes y heridos entre miembros del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) y guardias de seguridad de los empresarios agrícolas.

Estos hechos violentos se han registrado, según el diputado simpatizante del depuesto presidente Manuel Zelaya, en los intentos de desalojo solicitados por la empresa "Exportadora del Atlántico", mediante denuncias interpuestas ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia.

Son seis fincas propiedad de Miguel Facussé, cuatro fincas del empresario René Morales, y dos fincas de Reynaldo Canales, que en su conjunto suman 6.000 hectáreas de tierras,.

El proyectista indicó que si las tierras fuesen adquiridas por el Estado pagaría un precio de 90.000 lempiras (US$4.678,24) por hectárea.

El proyecto de Ponce establece en su artículo 1 "Proceder a la expropiación por causa de necesidad e interés público de las tierras de naturaleza jurídica privada ubicadas en el Valle del Aguán, Colón, que forman parte del complejo de empresas, en virtud de una fusión denominada "Exportadora del Atlántico S A de C V y que pertenecen a las cooperativas Agropecuarias de Campesinos.

La Confianza, La Aurora, Lempira, La Concepción , Marañones, La Isla No.1 y La Isla No.2, cuyos predios deberán ser titulados a favor de las empresas campesinas que conforman el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), con la finalidad de apaciguar el clima de tensión que impera en el Bajo Aguán y, asimismo, recuperar un patrimonio que originalmente el Estado de Honduras había destinado al proceso de reforma agraria y que por reformas contenidas en la Ley de Modernización Agrícola permitieron su venta a particulares no beneficiarios del proceso de reforma agraria, con lo que se desnaturalizó el verdadero objeto de la misma.