Diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y del Partido Comunista de Brasil (PcdoB), aliado del gobierno, informaron en un comunicado que entregaron al STF pedidos para que invalide el procedimiento iniciado el viernes en el Congreso para la apertura de un juicio contra Rousseff.
Río de Janeiro. Diputados de los partidos que forman la base de apoyo del gobierno brasileño solicitaron ante el Supremo Tribunal Federal (STF) que se impida el inicio de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por mala praxis administrativa.
Diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y del Partido Comunista de Brasil (PcdoB), aliado del gobierno, informaron en un comunicado que entregaron al STF pedidos para que invalide el procedimiento iniciado el viernes en el Congreso para la apertura de un juicio contra Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dijo que adoptará las medidas previstas en el régimen interno de la cámara baja para tratar el juicio político contra Rousseff, como piden varios sectores opositores, al alegar que la Constitución establece que es la única autoridad competente para admitir a trámite o rechazar los pedidos.
Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno, expresó a título individual su oposición al Ejecutivo y ha rechazado ya una decena de solicitudes de apertura de un juicio político contra Rousseff, sin embargo tiene pendiente de análisis al menos otras nueve.
La oposición asegura que el gobierno hizo unas maniobras fiscalesDiputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y del Partido Comunista de Brasil (PcdoB), aliado del gobierno, informaron en un comunicado que entregaron al STF pedidos para que invalide el procedimiento iniciado el viernes en el Congreso para la apertura de un juicio contra Rousseff. para maquillar el déficit fiscal de 2014 que han sido reprobadas por un dictamen técnico del Tribunal de Cuentas, aunque aún pueden recibir el visto bueno del Congreso.
La presidenta también es acusada de tener responsabilidad en el caso de corrupción que afecta a la petrolera estatal Petrobras, en el que hay medio centenar de políticos involucrados, acusados de haberse beneficiado de una gran trama corrupta que desvió al menos 2.000 millones de dólares de 2004 a 2014.
Los partidos aliados del gobierno critican que los pedidos para destituir a Rousseff son "una versión moderna de golpe" de Estado y aseguran que no existen argumentos jurídicos para impulsar un procedimiento de este tipo.
