Varios diputados más mostraron imágenes con mensajes como "Vamos por la diputada" en muros cercanos a sus viviendas y desde este jueves advertían que vehículos de la policía de inteligencia recorrían zonas en las que viven sus familias.

Caracas. Ocho diputados opositores venezolanos denunciaron este viernes que en las últimas horas han recibido amenazas en sus hogares o casas de familiares, en medio de la tensión causada por el máximo tribunal del país al acusar de traición a la patria a diez miembros del Congreso controlado por la oposición.

"Vamos por la diputada" decía un graffiti que amaneció en una pared de la urbanización donde reside María Beatriz Martínez, una legisladora opositora del estado central de Portuguesa, que difundió la foto el viernes con la pintada firmada con la palabra "colectivos".

Otros tres diputados más mostraron imágenes con mensajes similares en muros cercanos a las viviendas donde viven ellos o familiares y desde este jueves al menos tres diputados advertían en redes sociales que vehículos de la policía de inteligencia recorrían zonas en las que viven sus familias.

"Así amanece pintado con un recordatorio de amenaza hacia mí persona el bloque donde resido en Catia La Mar", escribió en Twitter la diputada de la bancada opositora Milagros Eulate, sobre un mensaje de "Vamos x tí" pintado en la entrada de un edificio que firmaban también "los colectivos".

Grupos que en zonas populares de Venezuela apoyan al gobierno de Nicolás Maduro se definen como colectivos sociales y en las últimas semanas el mandatario les ha pedido mayor apoyo frente a la nueva ola de protestas de la oposición para pedir su salida.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios de parte de Reuters.

La policía de inteligencia arrestó en la semana al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los diez legisladores acusados por el Tribunal Supremo de Justicia, tras una movilización opositora el 30 de abril que pedía a militares desconocer a Maduro y lideraba por el jefe del Congreso, Juan Guaidó.

Un tribunal informó este viernes en un comunicado que el centro de reclusión de Zambrano será una sede de la policía militar, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas.

Maduro y el presidente del TSJ, Maikel Moreno, calificaron la acción del 30 de abril como un golpe de Estado, pero hasta ahora no hay anuncios de la detención de oficiales y solo informó del reemplazo de un general, que fungía como jefe del servicio de inteligencia, quien en un video el jueves denunció la corrupción en el gobierno.

Guaidó, tras proclamarse en enero presidente encargado del país al desconocer el segundo mandato de Maduro con apoyo de decenas de gobiernos del mundo, denunció en la semana la persecución a parlamentarios con la intención de desmontar el poder legislativo.

Bajo la actual crisis de gobernabilidad que vive la nación sudamericana, unos 17 diputados de la Asamblea Nacional controlada por la oposición ya no pueden presentarse a las sesiones semanales por estar en el exilio, en embajadas o presos.

Si al menos otros 15 diputados se alejan de sus curules bajo la coyuntura, el Congreso tendría dificultades para sesionar. Algunos de los legisladores que han sido intimidados no han sido acusados por el máximo tribunal.

"Estoy a buen resguardo", apuntó en Twitter el parlamentario Luis Florido, uno de los acusados por el máximo tribunal, que aún no ha informado si entró en una embajada como lo hicieron en la semana tres diputados incluidos en la reciente sentencia. Pero mostró fotos de otra pintada frente a su casa.