El artículo 16 de la Constitución establece el acceso con igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión, derecho que se garantiza en el artículo 106 de la ley.
La redistribución de las frecuencias de radio y televisión en 33 % para el Estado, 33 % para el sector privado y 34 % para el comunitario aún no se aplica, al año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación.
El artículo 16 de la Constitución establece el acceso con igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión, derecho que se garantiza en el artículo 106 de la ley.
Por mandato constitucional, en noviembre del 2008, el presidente Rafael Correa creó una Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión que se encargue de transparentar las concesiones entregadas; luego de cinco meses de trabajo, esta concluyó que 900 de 1.637 frecuencias habían sido ilegalmente concesionadas.
En una de las transitorias de la norma, la Asamblea dispuso que los procesos de reversión y redistribución se iniciaran con base en esta investigación.
Pero al cabo de cinco de años de la presentación de ese informe y un año de la aplicación de la norma, apenas un “5 % de frecuencias le pertenece a medios comunitarios”, reconoció la vocal del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), Paulina Mogrovejo.
Dicho 5 % corresponde a las concesiones entregadas a 14 nacionalidades como parte de un proyecto denominado “Creación de redes de medios de comunicación públicos y comunitarios”, impulsado por la desaparecida Secretaría de los Pueblos. Ahora lo gestiona la Secretaría de Gestión Política.
“Hay una brecha muy grande; todavía más del 80% del espectro radioeléctrico está en manos privadas. Hay que promover la convocatoria de los concursos públicos para entrega de frecuencias”, dijo Mogrovejo.
En el artículo 110, la ley indica que para adjudicar una frecuencia debe ejecutarse un concurso presentando como requisito un proyecto comunicacional y un estudio técnico que debe ser aprobado por la autoridad de Telecomunicaciones y por el Cordicom.
Pero hasta el momento el Consejo no conoce de nuevos solicitantes, indica Mogrovejo.
A esto se suma, según la vocal, que no se ha ejecutado la reversión de frecuencias.
En julio del 2013 venció el plazo para que los concesionarios presenten las declaraciones juramentadas sobre el uso de las estaciones, según mandaba la tercera transitoria de la norma. El Ministerio de Telecomunicaciones recibió 897; de ellas, 777 cumplieron con los requisitos de la ley.
Once meses después, el organismo no ha dado a conocer cuántas de esas frecuencias se han revertido.
El catedrático y radiodifusor Ignacio López Vigil reclamó que la reversión de frecuencias “está lentísima” y se mostró preocupado por la falta de libertad de ejercer la comunicación que tendrían las nacionalidades que recibieron frecuencias por parte del Gobierno.
“Se concedieron frecuencias a 14 nacionalidades y se prevé entregar otras 20 en este año. Pero esto se está haciendo sin concursos, como lo ordena la ley, sino que las da la Secretaría de la Política a organizaciones sociales afines. Esas nacionalidades no pueden transmitir todos los contenidos que quieran. Estas adjudicaciones tendrían que ser realmente libres”, dijo.
El expresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias, Guillermo Navarro, reclamó que el informe que presentaron sirvió como un instrumento histórico, pero no como un instrumento para el cambio.
“La Ley de Comunicación tenía que haber garantizado la reversión, pero eso no sucede. Por el contrario, aparecieron nuevos grupos que concentran concesiones”, afirmó.
El Cordicom pidió una reunión con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones para saber el estado de la reversión y adjudicación de frecuencias.
En Quito hay concesionarios que tienen hasta 16 frecuencias a nombre de testaferros. ¿Por qué no se revierten? ¿Será que no hay deseos de cumplir la ley?”.
Ignacio López, catedrático
Foros por año de normativa. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Fundamedios y otras organizaciones sociales organizan el foro internacional ‘¿Censura o comunicación? 365 días de la LOC (Ley Orgánica de Comunicación)’, que se realizará mañana en Quito.
Los panelistas nacionales e internacionales abordarán los efectos de la norma en el ejercicio del periodismo, los controles estatales a los medios y las sanciones aplicadas.
A la par, el Consejo de Regulación de la Información realiza hoy, en Cuenca, el evento ‘Voces y derechos, primer año de una ley ciudadana’.
