Un documento revela que la intervención policial a la marcha fue planificada en términos operativos y logísticos, aunque no se menciona quién ordenó la acción. El vicepresidente Álvaro García afirmó que no hubo orden política para el operativo.

El documento Plan de Desconcentración prevé el nombre, grado y número de policías que estarán a cargo de los vehículos a los que se llevará a los marchistas, además fija para las 17:40 (hora local) el operativo y refiere que cuentan con requerimiento fiscal y que deben restringir el trabajo de la prensa.

“En cumplimiento a misión constitucional el contingente policial del Comando Departamental del Beni, ejecutará el traslado de 350 a 400 indígenas marchistas”, desde Yucumo a Trinidad, para desplazarlos a Loreto, Casarave, San Pedro Nuevo, San Pablo, refiere el documento.

El dirigente indígena Adolfo Chávez informó que el documento fue encontrado mientras realizaban un rastrillaje en busca de indígenas desaparecidos en San Miguel de Chaparina, lugar del operativo.

Diez buses de servicio público con escolta de seis camionetas formaban el convoy de motorizados que trasladaría a los indígenas. Un segundo documento facilitado por la dirigencia muestra que una representante del ministerio de Gobierno, C.V., contrató buses por Bs 3.800 de M.V.

Ninguno de los dos documentos revela el o los nombres de quiénes estarían a cargo del operativo que el domingo 25 de septiembre intervino la marcha. Sometieron a golpes a los marchistas, los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.

García, en conferencia de prensa, afirmó que “no hubo una instrucción política” desde Palacio o el Ministerio de Gobierno para la intervención. Además señaló que seguirán apareciendo documentos como los revelados, aunque considera que lo que ahora importa es conocer quién dio la orden para la intervención.

Añadió que conocen lo sucedido ese día, pero consideró que la comisión de alto nivel será la encargada de establecer los niveles de responsabilidad.

“Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos hecho internamente un conjunto de averiguaciones”, respondió cuando se le preguntó quiénes fueron los que ordenaron la acción policial. El dirigente Rafael Quispe aseguró que la documentación es prueba de que el ministerio de gobierno participó en el operativo de intervención policial.

El vicepresidente insistió en que la Policía tiene que estar preparada para cualquier eventualidad de enfrentamiento, en alusión al documento revelado.

El gobierno plantea que una comisión de alto nivel, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue con rapidez y establezca las responsabilidades.

El plan de traslado de los indígenas también refiere que harán paradas técnicas en diferentes puntos de la carretera

Tras la intervención policial al campamento de la marcha, los indígenas fueron trasladados en vehículos hasta San Borja, pero ante la resistencia local retornaron a Yucumo y desde ahí fueron a Rurrenabaque.

Desde esta zona debían ser trasladados en avión a Trinidad. Entonces también intervino la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y debe ser parte de la investigación, dijo el ex mayor David Vargas, que participó en los hechos de violencia derivados del impuestazo en febrero del 2003.

Ministra de Justicia niega solicitud de intervención. La ministra de Justicia, Nilda Copa, negó este jueves que haya solicitado a la Fiscalía la intervención de la fuerza pública en la marcha indígena.

“Yo presenté una denuncia de defensa a los derechos humanos por el secuestro a nuestro canciller David Choquehuanca. Se está tergiversando la información de que yo instruí al Alto Mando Policial (el operativo)”, afirmó.

La Razón accedió al memorial presentado por Copa, junto al viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno. En el documento denuncian precisamente las agresiones al Canciller y solicitan “requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”.

La denuncia fue recibida por el fiscal asistente adscrito al despacho de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Facundo Coronel, a las 20:35 del sábado 24 de septiembre, según se registra en la parte superior derecha del memorial.

El gobierno, en reiteradas oportunidades, aseguró que la actuación policial contó con requerimiento fiscal, aunque no presentó el documento. Este medio accedió a un requerimiento fiscal que instruye de oficio la investigación de la violencia ejercida contra el Canciller, pero no ordena intervenir.