El gobierno acordó subir los salarios de las Fuerzas Armadas, anunció este lunes el ministro de Defensa, días después de que militares rescataran al presidente Rafael Correa de un grupo de policías amotinados que protestaba por un recorte de sus beneficios económicos.

Quito. Ecuador acordó subir los salarios de las Fuerzas Armadas, anunció este lunes el ministro de Defensa, días después de que militares rescataran al presidente Rafael Correa de un grupo de policías amotinados que protestaba por un recorte de sus beneficios económicos.

El ministro Javier Ponce aseguró que la medida, que supone un gasto adicional de hasta US$35 millones de anuales, estaba decidida desde hace meses y fue mera casualidad que se firmara dos días después de la insurrección policial que el jueves sembró el caos en la volátil nación andina.

"Es lamentable que hayan coincidencias en las fechas, pero es un tema que estaba definido con anterioridad", aseguró el funcionario tras reunirse con el presidente el lunes.

País conmocionado. El acuerdo se conoce cuando el país aún sigue conmocionado por la virulenta rebelión, que ha generado un intenso detate entre los que creen que se trató de un reclamo laboral que se les fue de las manos a las autoridades y aquellos que afirman que existía un plan orquestado para asesinar a Correa.

Los medios publicaron detallados reportajes reconstruyendo la dramática jornada, desde que el mandatario fue atacado por policías en un cuartel hasta sus angustiosas horas de asedio por los amotinados en un hospital, del que fue rescatado en la noche a sangre y fuego en una espectacular operación comando.

Al menos ocho personas murieron y casi 300 resultaron heridas en todo el país durante las protestas, incluyendo un agente que custodiaba el vehículo en el que Correa escapó de la clínica entre una lluvia de balas cruzadas y bombas de humo.

En vigencia desde esta semana. La controvertida ley de austeridad que amotinó a los uniformados entrará en vigencia esta semana, aunque no será aplicada hasta el año que viene (2011), dijo el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien también prometió "aclarar" ciertos aspectos que asegura fueron malinterpretados por los policías.

El recorte de bonos, primas por ascensos y regalos de Navidad también afectó a los militares, un grupo de los cuáles se unió brevemente a la protesta cerrando los aeropuertos.

Las autoridades aseguraron que la pérdida de ingresos por la ley fue compensada de sobra por el incremento de los sueldos durante los últimos tres años, así como mediante otras compensaciones adicionales.

¿Golpe o imprudencia? La revuelta fue el principal tema de conversación el lunes en calles, oficinas y bares de la pequeña nación andina, donde los confusos incidentes han generado una oleada de rumores, especulaciones y no pocas teorías.

Correa mantiene una elevada popularidad por sus programas sociales, aunque su confrontativo estilo de Gobierno ha dividido a los ecuatorianos entre los que alaban su mano dura con las "elites corruptas" y los que ven al economista de 47 años como un déspota intolerante.

"Fue un intento de golpe. Hubo mucho movimiento político ya que no sólo se levantó un grupo de policías en Quito, sino en el resto de las provincias", opinó Andrés Salazar, estudiante de ingeniería de 21 años, respaldando la tesis del magnicidio esgrimida por Correa.

Pero otros culpan precisamente al gobernante de ser el detonante de la protesta cuando, desafiante y fuera de sí, se arrancó la camisa para poner el pecho ante los sublevados al grito de "mátenme si tienen valor", una imagen que ya ha pasado a formar parte del imaginario colectivo ecuatoriano.

"Correa fue muy brusco. El mismo se puso en peligro cuando dijo 'mátenme'. Fue puro circo político", consideró Carlos Arce, diseñador de 24 años en Guayaquil.

La demora del Ejército en intervenir también fue tema de polémica. Dos importantes periódicos locales publicaron el domingo, sin citar fuentes, que los militares aprovecharon los momentos de crisis para lograr sus exigencias salariales, punto que fue negado tajantemente por el ministro de Defensa.

En lo que todos parecen coincidir es que los incidentes fueron un recordatorio para los ecuatorianos y la comunidad internacional de la volatilidad del país andino, donde tres presidentes fueron derrocados en poco más de una década en medio de protestas populares y la inacción de los militares.

Todo normal. Soldados fuertemente armados en vehículos blindados patrullaban todavía las calles recordando que el estado de excepción seguirá vigente hasta la media noche del martes, aunque el Gobierno asegura tener todo bajo control.

"Parece que todo está normalizado", dijo Richard Ramírez, portavoz de Policía Nacional.

Aunque la tensión se diluyó durante un tranquilo fin de semana, todavía quedan muchas preguntas en el aire sobre la jornada más complicada para Correa desde que llegó al poder en el 2007 poniendo fin a años de inestabilidad política.

"No se nota la organización de un golpe con todas las características que esto supone, es decir movimientos sociales en diferentes partes, toma estratégica de sitios claves de la economía, de defensa, medios de comunicación", cuestionó Marco Villarruel, catedrático de la Universidad Central del Ecuador.

Sin embargo, para el Gobierno no hay duda posible y considera absurda la versión de que fue un reclamo laboral.

"Nadie dispara al presidente para que le den una condecoración, nadie le dispara al presidente para que le suban el sueldo. Evidentemente había otros objetivos e intenciones", dijo el ministro del Interior, Gustavo Jalkh, el domingo.

Los líderes sudamericanos comparten esa opinión y rechazaron la intentona golpista en una cumbre de emergencia.

Mientras, los inversores miran con cautela los próximos pasos del Gobierno tras la insurrección, que minó la imagen de Ecuador tras casi cinco años de relativa calma.

Por el momento, el mandatario congeló un controvertido plan para disolver el Congreso y legislar por decreto con el que pretendía acelerar la aprobación de un polémico paquete de leyes económicas y políticas que considera imprescindibles para impulsar las debilitadas finanzas del país socio de la OPEP.

Sin embargo, esa opción, que conlleva la convocatoria de elecciones generales, sigue estando abierta para el presidente, dijeron algunos ministros.