La ley de Participación Ciudadana, incluido el veto del ejecutivo que obliga a los medios de comunicación a presentar una rendición de cuentas anual, se encamina a su aprobación mediante el recurso legal conocido como Ministerio de la Ley.

De forma sorpresiva, el presidente de la Asamblea de Ecuador, Fernando Cordero (PAÍS) incluyó en la sesión plenaria del jueves recién pasado la votación del veto a la Ley de Participación Ciudadana, que propone incluir a los medios de comunicación en las instituciones llamadas a rendir cuentas con mecanismos regulados por el Consejo de Participación Ciudadana.

Al final, la oposición solo alcanzó 48 votos a favor para insistir en los textos aprobados por el legislativo que no incluían la rendición de cuentas, cuando necesitaba 83. Cordero clausuró la sesión.

Aunque en las próximas sesiones el presidente de Ecuador podría incluir la votación por el allanamiento al veto presidencial hasta el 3 de abril que vence el plazo para que no entre por el ministerio de la ley, una vez que se agotó la insistencia.

Pero en la práctica el texto del ejecutivo ha sido acogido en su totalidad por una mayoría de la Asamblea conformada por el bloque de gobierno y el MPD.

La clausura de la sesión se habría dado porque de momento, sin los votos socialistas, PAIS tampoco tiene los 63 votos para allanarse, aunque ya no sería necesario porque igual los textos entrarían en vigencia.

Fausto Cobo (SP), integrante de la Comisión de Comunicación, indicó que con esto se está saboteando el acuerdo que se firmó para la construcción de la Ley de Comunicación.

Horas antes, en la Comisión de Participación Ciudadana, los jefes de bloques se reunieron para dar sus puntos de vista sobre el veto presidencial. 

En representación del oficialismo, Virgilio Hernández (PAIS) ratificó que en ese tema la decisión de su movimiento es allanarse porque no se está incluyendo otra materia en la Ley, cosa que está prohibida en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se está acogiendo un principio constitucional, según el cual los ecuatorianos tienen derecho a participar en asuntos de interés público (artículo 61).

En respuesta, el dirigente ecuatoriano César Montúfar (CND) insistió que el veto presidencial si está confundiendo el derecho a la comunicación con un servicio público, no con un “interés público” como expuso Hernández, según declaraciones reproducidas por El Univerrso. 

Para concluir, Hernández sostuvo que en la misma Ley de Participación Ciudadana se deja en claro que si otra ley, como la de Comunicación por ejemplo, regula la rendición de cuentas de los medios esa es la normativa que prevalecerá.

Ante lo cual, Luis Morales (Prian) preguntó a Hernández: “¿Para qué lo incluimos en esta ley que no tiene que ver con los medios, si cuando se apruebe la otra ley (de Comunicación) prevalecerán las regulaciones que allí se expidan?”.