El medio es dirigido por uno de los autores del libro "El Gran Hermano", Juan Carlos Calderón, cuya investigación periodística molestó al presidente Rafael Correa.

Funcionarios del ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y miembros de la Policía irrumpieron este martes en las oficinas de la revista Vanguardia, en Quito, e incautaron las computadoras de periodistas y diseñadores, y varios muebles.

Esta acción se basó en una deuda del medio con el referido ministerio, por alrededor de US$22.000. Durante el operativo, los gendarmes detuvieron al asesor jurídico de la revista, Carlos del Pozo, quien fue llevado a la Policía Judicial por poner resistencia.

En esa dependencia, los uniformados indicaron que estaban levantando el parte policial. Pero no especificaron si del Pozo habría cometido delito o contravención, para según eso determinar si se realiza una audiencia o queda en libertad.

Tras el embargo, en rueda de prensa, el editor general de Vanguardia, Iván Flores, explicó que el MRL acusa al medio de no tener en su nómina de empleados a personas con capacidades especiales (y por eso la multa), argumento que fue desmentido pues –según indicó Flores– existen los soportes de los salarios a un trabajador discapacitado.

El editor destacó que no se trata de un juicio laboral, sino de un proceso administrativo que lo dirige el propio ministerio. “No existe una orden judicial”. Y denunció que la revista fue notificada el martes 24 de julio y que tenían tres días para dar respuesta, plazo que no se cumplió. El MRL no se pronunció acerca del embargo hasta el cierre de este edición.

La principal preocupación de los periodistas de Vanguardia, que estuvieron en la rueda de prensa, es que se quedaron sin los respaldos y soportes de sus investigaciones, almacenados en las computadoras. “(Los funcionarios del MRL) fueron directamente a las computadoras”, recalcó Flores.

“Este es el costo de un periodismo libre”, criticó Juan Carlos Calderón, director de la revista, y responsabilizó al régimen por lo que pueda pasar con la seguridad de los colaboradores y la de sus familias.

Segunda ocasión. Esta es la segunda ocasión que los equipos de esta revista son incautados por el Gobierno. En diciembre del 2010, el Fideicomiso CFN-AGD No Más Impunidad embargó las computadoras del impreso con el argumento de que Editorial Gran Tauro –encargada de la publicación– tenía problemas con el arrendamiento de las oficinas, que estaban en manos del Fideicomiso.

Flores recordó que en aquella ocasión los discos duros fueron manipulados y entregados vacíos. “¿Tengo la garantía de que el disco duro de mi máquina no sea tratado como la vez anterior?”, se preguntó Flores.

El presidente Rafael Correa en su conversatorio con medios en Guayaquil dijo desconocer sobre el tema. Pero Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, dijo que “eso pasa con cualquier empresa. Vanguardia no tiene corona para no ser tocado” y agregó que “debe ser el estado de derecho, que funciona solo”.