Las medidas que el gobierno ecuatoriano implementa para fomentar al sector farmacéutico local generan recelo en la embajada de EE.UU. en Quito por las repercusiones que podrían sufrir las multinacionales estadounidenses que operan en el país, según revelan algunos cables de Wikileaks.

Las medidas que el gobierno ecuatoriano implementa para fomentar al sector farmacéutico local generan recelo en la embajada de Estados Unidos en Quito por las repercusiones que podrían sufrir las multinacionales estadounidenses que operan en el país, según revelan algunos cables difundidos por Wikileaks a los que accedió El Universo.

La misión diplomática reacciona frente a dos decisiones que introduce el presidente Rafael Correa en cuanto a las políticas de salud pública: priorizar a los proveedores locales antes que a los extranjeros en las compras públicas y emitir licencias obligatorias para que ciertas drogas patentadas sean producidas en Ecuador.

Correa dispone en su enlace sabatino del 26 de septiembre del 2009 un cambio en el sistema de compras públicas para que se dé preferencia a la industria ecuatoriana y así favorecer también al Ministerio de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en las medicinas que provee.

Dos semanas después del anuncio presidencial, el 13 de octubre del 2009, la Embajada emite el despacho Nº 229468 que recoge la preocupación de las firmas estadounidenses.

El reporte sostiene que el 1 y 8 de ese mes, personal de la Embajada se reúne con los representantes en Ecuador de las multinacionales Pfizer, Merck Sharp and Dohme; Schering-Plough, y Wyeth. “La industria norteamericana intenta, a través de sus contactos, tener una mejor idea de las intenciones de Correa”, comenta el cable.

Advierte que el nuevo sistema de compras públicas es discriminatorio y constituye un “golpe significativo para las empresas farmacéuticas de EE.UU., cuyas ventas en el sector público representan un significativo porcentaje del mercado ecuatoriano, a veces de hasta el 20% del total de ventas”.

La comunicación alerta que en ese mismo enlace, el jefe de Estado adelanta que se emitirán licencias obligatorias y eliminarán “en una semana” todas las patentes. El despacho refiere que el presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza, desmiente esto último.

Desde el 26 de octubre del 2009 rige el Decreto Ejecutivo 118 que ordena emitir licencias obligatorias a más de 2.000 medicinas para que sus patentes sean liberadas y los laboratorios locales puedan fabricar esas drogas. “Por ejemplo, una medicina contra el cáncer se puede producir nacionalmente, pero se debe contar con una licencia obligatoria, por lo que finalmente hay que comprar esas medicinas carísimas, pagando a una transnacional por los derechos de patentes”, defendió en aquel entonces el mandatario, según recogió el diario público El Ciudadano.

En el cable Nº 248229 del 10 de febrero del 2010 la Embajada comenta: “Es probable que esta decisión frene el interés de las empresas farmacéuticas internacionales por desarrollar investigación e introducir nuevos productos en el mercado ecuatoriano”.

Agrega que aunque existen dos pedidos de licencias, todavía habrá que evaluar cuál será el alcance del mecanismo. “Nosotros sospechamos que los ánimos podrían disminuir una vez que empiecen a presentarse los retos de producir determinados medicamentos”.

El titular de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, Renato Carló, discrepa con la visión norteamericana y remarca que las cifras reflejan el empuje que ambas medidas (el cambio en las compras públicas y la emisión de licencias) han tenido sobre el sector nacional.

Carló destaca que la industria ha crecido un 12% desde el 2009 hasta la fecha, aunque admite que la participación de las transnacionales sigue siendo superior en el mercado local.

Mientras, el presidente del IEPI, Andrés Ycaza, cita a modo de ejemplo que la aprobación de una licencia para una droga que trata el VIH/sida logró reducir su precio en un 30%.

Y explica que justamente el objetivo del Decreto 118 es romper el monopolio que manejan ciertos grupos, para así introducir competidores en el mercado y que los precios de ciertos productos bajen.

De momento, el IEPI solo ha concedido una licencia obligatoria a una empresa hindú. Ycaza admite que los laboratorios temen que las multinacionales entablen juicios contra ellos.