La Corte está concebida como un instrumento internacional con jurisdicción y competencia regional para judicializar delitos como la trata de personas, soborno, lavado de activos, sicariato, tráfico ilegal de migrantes, tráfico ilícito de estupefacientes, de armas y ciberdelitos, entre otros.
Quito. El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, entregó este jueves al gobierno un proyecto para crear la Corte Penal Sudamericana en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), para combatir delitos transnacionales en la región.
La iniciativa fue entregada al ministro ecuatoriano coordinador de Seguridad, César Navas, y al secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, durante un Encuentro de Fiscales y Procuradores Generales del bloque regional sobre Delincuencia Organizada Transnacional, en Quito.
Chiriboga expuso que el proyecto ha sido construido con un esfuerzo colectivo y sobre la base del diálogo y de la experticia internacional de jueces, magistrados, fiscales y abogados.
El fiscal justificó la creación de la Corte, al señalar que "la Asistencia Penal Internacional no ha logrado ser lo suficientemente eficaz para luchar contra el crimen organizado".
La Corte está concebida como un instrumento internacional con jurisdicción y competencia regional para judicializar delitos como la trata de personas, soborno, lavado de activos, sicariato, tráfico ilegal de migrantes, tráfico ilícito de estupefacientes, de armas y ciberdelitos, entre otros.
Chiriboga pidió al gobierno nacional y a la Unasur analizar la propuesta y "nos den a todos los ciudadanos instrumentos jurídicos que puedan atacar, dentro de la justicia internacional, a estos factores que son disociadores de la paz, la justicia y la democracia".
Según el fiscal ecuatoriano, el proyecto puede apoyar a la paz en la región, en la medida en que se pueda proteger a la población de las bandas transnacionales dedicadas, por ejemplo, a la trata de personas.
"Tendremos paz cuando persigamos a los capos del narcotráfico que operan en la región y envenenan a nuestras comunidades", apuntó.
Chiriboga aclaró que la Corte Penal Sudamericana no juzgará delitos de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos, por lo tanto, no interferirá en el accionar de la Corte Penal Internacional ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, César Navas, afirmó que el proyecto "constituye un esquema de avanzada en la integración regional en el combate a la delincuencia organizada transnacional", por lo que será analizado por diferentes instancias del Poder Ejecutivo para viabilizar la iniciativa.
Navas apuntó que los entes investigadores nacionales de la región presentan serias deficiencias sobre los recursos que cuentan para enfrentar este flagelo, y "con los mecanismos actuales no es posible desarticular a organizaciones criminales en su conjunto".
El ministro citó un informe de la ONU sobre la Droga y el Delito de 2014 que detectó 510 rutas utilizadas para la Trata de Personas, la mayoría de las cuales, está ubicada en la región.
En el caso de Sudamérica, Navas dijo que la situación es "preocupante" ya que el 55% de las víctimas de trata están vinculadas a explotación sexual y el 45% a otras formas de victimización.
El funcionario expresó que en Ecuador, en lo que va de 2016, se han registrado 130 casos de Trata de Personas, más de 8.300 casos de tráfico de droga, 120 de tráfico de migrantes y 146 de lavado de activos.
Por su parte, el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, valoró la propuesta ecuatoriana, y señaló que la misma deberá ser considerada por el Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
"Tenemos que hacer un debate a fondo, sincero y abierto de todas las posibilidades y estrategias que podamos convenir los 12 países alrededor de la lucha contra este monstruo de mil cabezas que es el crimen organizado internacional", señaló.
La propuesta cuenta ya con el apoyo de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay.
Los otros miembros del bloque regional son: Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam y Uruguay.
