Con la resolución fiscal, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño (d), deberá acudir a una audiencia de formulación de cargos cuando la Corte Nacional de Justicia fije hora y fecha para que responda a las imputaciones.

La Fiscalía General del Estado abrió la etapa de instrucción fiscal en contra de Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional (CC); del ex secretario del organismo, Arturo Larrea Jijón; su hermano, Alfredo Larrea, quien fue abogado de Cervecería Nacional; y el representante legal de esa compañía, Roberto Jarrín.

El fiscal general subrogante, César Morales Naranjo, mediante una providencia emitida el lunes pasado, solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije día y hora para que se realice la audiencia de formulación de cargos.

La etapa de indagación previa por el caso Cervecería se abrió el 4 de febrero de este año luego de la denuncia presentada por el asambleísta, Galo Lara (SP), quien reveló que Alfredo Larrea aceptó US$550.000 como pago de honorarios como abogado de la empresa cervecera, dentro de un litigio laboral entablado por sus ex empleados que se tramitaba en el máximo órgano de justicia.

Ese monto, según Lara, era parte de un supuesto soborno de más de US$1 millón para que la CC emitiera una sentencia a favor de los intereses de Cervecería Nacional.

En el documento emitido el lunes pasado se señala: “Una vez practicados los actos investigativos en la etapa preprocesal de indagación previa, esta Fiscalía considera que al tenor de lo establecido en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, se han reunido los elementos suficientes que nos permiten presumir la existencia de un delito contra la Administración Pública...”.

El artículo citado refiere en su parte sustancial lo siguiente: “Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala de sorteos la petición al juez de Garantías Penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las medidas cautelares personales y reales”.

El mismo artículo establece que el pedido debe ser atendido en 24 horas y que la audiencia se deberá realizar dentro de cinco días, a partir de su señalamiento.

Jacqueline Vallejo, procuradora común de los trabajadores y extrabajadores de Cervecería, que reclaman la ejecución de la sentencia que ordena a la compañía pagarles utilidades incumplidas por $ 90,9 millones, dijo desconocer ayer si la Corte Nacional de Justicia ya fijó fecha para la audiencia.

No obstante, expresó que la acción de la Fiscalía, que presume la existencia de un delito contra la Administración Pública, les da la razón a sus denuncias de irregularidades dentro del proceso.

La Compañía Cervecería Nacional difundió un comunicado de prensa en el que se señala que la providencia de la Fiscalía no había sido notificada hasta ayer. “En caso de que sea confirmada esta información, la empresa actuará en estricto apego a lo establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ejerciendo los derechos que le concede la ley para demostrar su correcto actuar en este y todos sus actos”.

Se agrega que “Cervecería Nacional tiene una abierta disposición para seguir colaborando con todas las autoridades judiciales y administrativas en el curso de las investigaciones”.

El proceso que ingresó a la CNJ fue remitido al despacho del juez Milton Peñarreta, integrante de la Primera Sala Penal, a quien se le encargó el trámite de la causa, por decisión del pleno de ese organismo.

Una de las funciones del pleno de la Corte Nacional de Justicia es juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública, únicamente cuando sean acusados por el fiscal general.