Familiares de cinco de los seis sentenciados por el delito de intento de magnicidio negaron la posibilidad de acogerse a ese beneficio pues creen que sería reconocer un delito que no cometieron.

Los familiares de los fallecidos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 preparan un encuentro para analizar de manera formal el planteamiento del presidente Rafael Correa respecto de un indulto a los policías condenados a doce años de cárcel por el delito de intento de magnicidio.

Mientras que los familiares de cinco de los seis sentenciados negaron la posibilidad de acogerse a ese beneficio pues creen que sería reconocer un delito que no cometieron.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que, en cambio, uno de ellos estaría dispuesto a aceptar el indulto y, por tanto, las condiciones que puso el mandatario para concederlo.

Correa planteó que se podría pensar en un indulto para los seis policías en caso de que “reconozcan su gravísimo error (...), y piden disculpas, no al presidente, sino al país entero, previa autorización de los familiares de las víctimas”.

Según la Fiscalía, los acusados supuestamente aparecen en videos en los que se los escucha que arengan a otros a disparar al presidente al salir del hospital de la Policía el 30 de septiembre del 2010.

Según Mateo Bolaños, hermano de Juan Pablo Bolaños, estudiante que murió durante las movilizaciones paralelas a la revuelta, la declaración de Correa debe ser analizada detenidamente por las familias de las víctimas. Por eso prefiere no adelantar criterios.

Pero Lidia Landeta, madre del policía Edwin Calderón, quien falleció durante los desmanes, esta en contra de que se conceda el indulto ya que considera que los responsables deben pagar sus culpas. La muerte de su hijo se produjo en el sector de la Marín.

Aurelio Garófalo, abogado del policía sentenciado Luis G., dijo que su cliente decidió no aceptar el indulto porque es inocente. “Vamos a seguir con los recursos en el orden nacional y luego acudiremos a las cortes internacionales”, expresó.

Patricio Armijos y Méntor Albán, abogados de Oswaldo L. y Eduardo M., en su orden, afirmaron que sus clientes creen que la oferta es un camino al diálogo que podría terminar en el cese de la supuesta “persecución” que el régimen hace contra policías inocentes y en la rectificación de la sentencia.

Doce años de cárcel fue la pena que recibieron los policías.

"No aceptaremos pues conlleva a aceptar un delito que no cometió (...). Disculparse sería aceptar ese delito y otros como la muerte de Froilán Jiménez y Juan Pablo Bolaños ”, dijo Méntor Albán, abogado.

"El diálogo es el camino para llegar a una justicia equitativa, pero mi cliente no tiene por qué disculparse, no estuvo en el lugar cuando el presidente fue evacuado del hospital”, indicó Patricio Armijos, abogado.