El documento sobre los hechos sucedidos en 2010 se entregó este lunes al fiscal general, Galo Chiriboga, para su judicialización, y no se descarta que los presuntos actores de esas acciones, declarados inocentes, puedan ser procesados por otro tipo penal.

El informe final de la Comisión que conformó el Ejecutivo para investigar la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010 incluye una lista de las personas no tomadas en cuenta en los 58 procesos que abrió la Fiscalía.

El documento se entregó este lunes al fiscal general, Galo Chiriboga, para su judicialización y no se descarta que los presuntos actores de esos hechos, declarados inocentes, puedan ser procesados por otro tipo penal, según Óscar Bonilla, integrante de la Comisión que terminó su gestión el pasado 10 de junio.

Para Bonilla, “es posible... que se cree un escenario de judicialización, que involucre no únicamente a quienes no se tomó en cuenta sino a aquellos que resultaron exentos de todo tipo de sanción o que recibieron sanciones ahora extintas y que en la práctica crearon un manto de impunidad”.

Entre otros estarían los casos de Mery Zamora, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), y César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía. Ambos declarados inocentes por su participación en los hechos del 30 de septiembre del 2010.

Según Bonilla, existe la posibilidad de iniciar nuevos procesos por un delito contra la seguridad del Estado, tipo penal contenido en el artículo 130 del Código Penal y que caracteriza al golpe de Estado. Esta norma, agregó, “se relaciona con violaciones a la Constitución. Es un tipo penal distinto a otros que amparan los juicios que se han iniciado hasta ahora”.

Diego Guzmán, otro comisionado, afirmó que el trabajo de investigación de la Comisión logró identificar a todos y cada uno de los que atentaron contra la democracia. “Si alguno de ellos se me escapa, queda la instancia de la Fiscalía que es la que continuará con los procesos y establecerá hasta la última de las personas que participaron en este golpe de Estado”.

El martes, la Comisión presentó su informe definitivo, en el que confirma la tesis del Ejecutivo, en el sentido de que hubo una acción concertada y planificada para derrocar al régimen y un intento de magnicidio. Esa acción, según el informe, determinó la comisión de un golpe de ‘Estado blando’.

Incidentes
REVUELTA POLICIAL

Investigación fiscal
Según las investigaciones de la Fiscalía, hubo incidentes en 18 de las 24 provincias del país, de las cuales Pichincha (27), Guayas (6) y Los Ríos (3) tienen mayor número de procesos. El resto de provincias tiene una y dos causas.

Casos y procesados
Producto del trámite de las 58 causas hay 452 procesados, de ellos 91 tienen sentencia.