La consulta convocada para el 4 de febrero por iniciativa del presidente Lenin Moreno, busca además eliminar la Ley de Plusvalía y la de minería metálica. También consultará sobre la prescripción de los delitos sexuales y la llamada "muerte civil".

Quito. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador marcó este miércoles 3 enero como fecha de inicio de la campaña por el ‘Sí’ y por el ‘No’ a la consulta popular y referéndum convocada para el 4 de febrero por el gobierno de Lenín Moreno.

Un total de 40 organizaciones se inscribieron para participar en este ejercicio, en el que los ecuatorianos deberán responder a siete preguntas.

Del total, 36 van a la liza electoral a favor del Sí y cuatro por el No, y sus integrantes deberán responder si es que están de acuerdo con la eliminación de la reelección indefinida, de la llamada Ley de Plusvalía y de la minería metálica.

Además, se indagará si la población está de acuerdo con que no prescriban los delitos sexuales y con la llamada ‘muerte civil’ para que los funcionarios corruptos no puedan volver a ocupar cargos públicos o de elección popular.

También se solicita la opinión en cuanto a incrementar la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní y la reducción del área de explotación petrolera, y plantea la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Según dio a conocer el gobierno, esta consulta y referéndum es resultado de un análisis de 2.739 propuestas, recogidas hasta el 26 de septiembre en las oficinas de Gestión Documental y Archivo de la Presidencia de la República.

Estas iniciativas fueron presentadas por al menos 700 organizaciones, agrupaciones, funciones del Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y ciudadanos comunes.

La idea expresa del gobierno es que los temas que no fueron incluidos en las preguntas puedan ser ventilados a través de propuestas de ley o serán incluidas como parte de la agenda conjunta con la Asamblea Nacional, incluso podrían transformarse en decretos ejecutivos y programas y proyectos del gobierno.

El debate nacional. Los analistas locales centran su debate en el contenido de las preguntas y en la constitucionalidad de algunas, y en particular polemizan en torno a la referida a la eliminación de la posibilidad de que pueda volver a postularse un presidente que ya fue elegido y reelegido después de la entrada en vigor de la actual Carta Magna.

En particular los ‘correístas’ señalan que esta pregunta viene “con dedicatoria” porque el único que hasta ahora está en esa condición es Rafael Correa, quien fuera el líder de la Revolución Ciudadana y presidente vitalicio del Movimiento Alianza PAIS, que llevó al poder al presidente Moreno.

Al respecto, el actual Jefe del Estado ecuatoriano ha defendido que con esa pregunta se trata de garantizar el principio de “alternabilidad” en la Presidencia, tal como lo rezaba la Constitución de 2008 que fuera reformulada en 2015 con una reforma, y ha señalado que la reelección es una "aberración política".

La otra cuestión que genera discusiones es en torno a la reestructuración del CPCCS y la derogación de la Ley de Plusvalía.

Esas tres son consideradas por la mayoría de los analistas como la ‘piedra angular’ de la votación en las urnas prevista para escasas cuatro semanas. Mientras, para los seguidores del exmandatario constituyen un atentado a la Revolución Ciudadana y a un pacto con la llamada ‘partidocracia’.

La consulta es vista también como una estrategia de gobernabilidad del ejecutivo, que alega la necesidad de volver al “espíritu de Montecristi”, en alusión al texto original de la Constitución de 2008 firmada en esa ciudad de Manabí donde nació el patriota y expresidente Eloy Alfaro Delgado.

En tanto, los grupos contrarios a esta consulta y referéndum, que paradójicamente votaron a favor del candidato de AP en febrero, alegan que esta es una maniobra para acabar con el ‘correísmo’ de raíz, al quitarle la posibilidad al expresidente Rafael Correa de volver a postularse.

Alertas y posturas. Las alertas sobre la presunta inconstitucionalidad vienen principalmente de líderes de Alianza PAIS que ven un retroceso de derechos políticos de aprobarse la prohibición de la reelección y al indicar que se abre la posibilidad para la injerencia por parte del presidente en el nombramiento de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio que funcionaría hasta que fuera electo uno nuevo por el voto universal y a su vez eligen los representantes de varias funciones por un concurso de méritos.

El jurista Rafael Oyarte ha señalado que no ve inconvenientes en que las siete preguntas se viabilicen  a través de la consulta popular y referéndum, pero el analista Hernán Reyes señala que la mayoría de los temas y particularmente el ambiental no ameritan una consulta, ya que solo dependen de una decisión política del Ejecutivo o del Legislativo.

Desde una perspectiva histórica, este mecanismo de consultas en este país andino es considerada una forma de legitimación para el poder  o de medición de aprobación. De hecho no existen en Ecuador antecedentes de consultas populares fomentadas desde las bases ciudadanas.

Doce consultas al pueblo ecuatoriano. Esta sería la duodécima ocasión que los ecuatorianos van a las urnas en una consulta popular o un referéndum en la vida republicana del país.

La primera fue el 9 de junio de1869, cuando el presidente Gabriel García Moreno llamó a referéndum para aprobar la Constitución conocida como la “Carta Negra”, con un resultado de 13.640 votos por el Sí y 514 por el No.

La más reciente fue el 19 de febrero, simultáneamente con la elección presidencial, cuando los ecuatorianos se pronunciaron sobre la prohibición de tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales para ejercer cargos de elección popular o para ser servidor público. El Sí ganó con el 55,12% de los votos.

Como récord, en la era de Correa se hicieron cuatro convocatorias, la primera en 2007 donde se aprobó la Asamblea Constituyente,  con un 81%. En 2008 se votó por la Constitución de Montecristi; en 2011 se realizó una consulta y referéndum de 10 preguntas sobre el sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca y los medios de comunicación y más recientemente la de 2017.