Oficiales que pidieron reserva de identidad consideran que el gobierno pretende convertir a las Fuerzas Armadas en Policía Militar y reiteran que no están preparados doctrinaria ni técnicamente para intensificar los operativos antidelincuenciales.

En las Fuerzas Armadas no hay total apertura para asumir la disposición presidencial de combatir el crimen organizado, pues varios militares se oponen a salir a las calles junto con la policía a resguardar la seguridad ciudadana.

Oficiales que pidieron la reserva consideran que el gobierno pretende convertir a las Fuerzas Armadas en Policía Militar y reiteran que no están preparados doctrinaria ni técnicamente para intensificar los operativos antidelincuenciales.

En el último enlace sabatino, el presidente de la República, Rafael Correa, reconoció la resistencia de algunos uniformados a salir a las calles. No obstante, les recordó que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no se trata de una solicitud sino de una orden a sus subalternos.

“Hay resistencia; hay ciertos estamentos que no quieren hacerlo porque esa no es su misión (...), no es cuestión de equipos, etcétera, es cuestión de que hay cierta resistencia en determinados estamentos. Se ha dado la orden de que tienen que intensificar su involucramiento en cuestiones de seguridad ciudadana”, sentenció.

La asistencia militar para neutralizar el crimen organizado no es una decisión nueva del régimen. La primera participación se registró en octubre del 2010 cuando el Gobierno decretó el estado de excepción en Quito, Guayaquil y Manta, y acudió a los soldados para frenar el incremento delincuencial en estas ciudades.

En el 2011, las Fuerzas Armadas realizaron varios operativos para la seguridad interna con 1.871 hombres, especialmente para control de armas, que centralizaron sus actividades en Quito y Guayaquil, con el decomiso de 6.191 armas ilegales.

Para Correa, una cifra insuficiente ante los ingentes recursos destinados por el Estado en la recuperación de la capacidad operativa militar.

Según las fuentes militares, el año pasado las actividades de defensa interna se ejecutaron a través de varios operativos como Protección, Cerrojo, Escudo, que permitieron confiscar miles de armas ilegales en todo el país.

El lunes pasado, en medio de esta incertidumbre y expectativa militar, el alto mando le dio la bienvenida al ministro de Defensa, Miguel Carvajal, en La Recoleta, en donde el jefe del Comando Conjunto, Leonardo Barreiro, señaló que confía en su experiencia “para ejecutar una gestión acorde con los más altos objetivos institucionales y la misión constitucional de las Fuerzas Armadas”.

En tanto que Carvajal hizo hincapié en el apoyo que las Fuerzas Armadas deben dar al Estado en las operaciones de control de armas, patrullaje antidelincuencial, narcotráfico, piratería, tráfico de combustible, minería ilegal, entre otros delitos. “Estas son actividades que deben cumplir todas las instituciones del Estado en contribución a la seguridad ciudadana y que no afectan la misión fundamental de las Fuerzas Armadas de protección de la soberanía y la integridad territorial”, expresó Carvajal.

El exjefe del Comando Conjunto, Ernesto González, al dejar su cargo la semana pasada manifestó: “Las Fuerzas Armadas no pueden abstraerse de apoyar al Estado en el control y mantenimiento del orden interno. Los conceptos y aplicaciones de defensa y seguridad han evolucionado debido a que las amenazas son de diferente naturaleza”.