El primer punto a modificarse será la distribución del espectro radioeléctrico bajo la fórmula del 33% para los medios públicos, privados y comunitarios; la reversión de las frecuencias se realizaría según la auditoría efectuada por la Comisión creada en la Asamblea Constituyente.
Más que procesar las observaciones realizadas en el segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación –lo cual está a cargo del asambleísta Mauro Andino (AP)– el oficialismo trabaja en armar una mayoría legislativa y en consensuar internamente posiciones.
En el primer escenario, Andino ya vislumbra los temas que se podrían incluir y que serían las bases con la que se definirá el articulado final.
El primer punto a modificarse será la distribución del espectro radioeléctrico bajo la fórmula del 33% para los medios públicos, privados y comunitarios; la reversión de las frecuencias se realizaría según la auditoría efectuada por la Comisión creada en la Asamblea Constituyente.
La conformación del Consejo de Regulación también será analizado.
Andino reconoce el interés de que uno de los integrantes de este ente provenga de los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual le restaría uno al Ejecutivo. Sin embargo estudia un mecanismo: que las designaciones sean a través de ternas y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los seleccione.
Sobre las atribuciones del organismo, Andino anuncia que habrá sorpresas. No obstante, solo ratifica que un posible cambio sería la disposición relacionada con la idoneidad para el acceso a un espacio en el espectro radioeléctrico.
Bajo ese panorama, se aspira a que en unos 15 días esté listo el informe. Andino señala que el momento en que se tenga listo el texto se lo hará público para que todos los sectores confirmen que sí se recogieron las distintas observaciones.
Paralelamente, AP trabaja en la organización de un taller de bancada en la que podrían participar los legisladores aliados e incluso representantes del Ejecutivo para pulir el proyecto antes de someterlo a votación.
Paola Pabón (AP) dijo el lunes de la semana pasada que la intención es evitar que las discrepancias internas sean públicas como pasó con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En lo que sí AP no cederá es en la propuesta de consensuar un compromiso que garantice que la Asamblea se ratificará en lo aprobado ante un posible veto presidencial.
En una entrevista en la Radio Legislativa, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), reiteró que no están calculando votos sino hacer la mejor ley posible. Esto para que no existan pretextos de los legisladores que temen ser considerados “tontos útiles” y que no van a dar su voto para que el presidente, a través de su objeción, distorsione lo que fue acordado en la Asamblea.
Aunque reconoce que cuando el jefe de Estado emite un veto de una ley que se aprobó con 100 votos, las cosas se vuelven más difíciles de predecir.
A su vez, integrantes de la bancada de AP admiten intentos de acercamientos con legisladores independientes, en especial con el grupo conformado por Galo Vaca, Ramón Cedeño, Gerardo Morán y Henri Cuji.
Cuji y Morán serían hasta el momento los más reacios a dar paso a esta ley.
En tanto, la legisladora Cynthia Viteri (MG) puntualiza que Cordero ya advirtió lo que exactamente iba a pasar con la Ley de Comunicación: al ya existir una sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre la no vigencia de los plazos para aprobar esta norma, un ciudadano podría presentar una demanda omisión al desobedecer el mandato de la consulta popular.
Subraya en que no importa lo que haga la Asamblea porque el texto definitivo vendrá con el veto del Ejecutivo, por lo que insiste en su propuesta de archivo del proyecto.
