El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, hizo público este jueves su informe sobre el estado de la libertad de expresión en ese país. El documento lleva por título ‘Ecuador bajo Correa: confrontación y represión’ y fue redactado por Carlos Lauría, representante para América Latina.

El uso de leyes de difamación penal para silenciar a los periodistas críticos, campañas de desprestigio a través de cadenas y medios oficiales para desacreditarlos y medidas aprobadas en una consulta popular con el objetivo de regular el contenido de los medios y su propiedad son las principales formas de acoso a la prensa detectadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La ONG, con sede en Nueva York, hizo público este jueves su informe sobre el estado de la libertad de expresión en el país. El documento lleva por título ‘Ecuador bajo Correa: confrontación y represión’ y fue redactado por Carlos Lauría, representante para América Latina.

El texto da cuenta de algunos casos en los que Correa ha usado recursos penales y civiles como “herramientas contra el disenso”, ejemplo que fue seguido por otros funcionarios.

Los más recientes son las demandas por injurias calumniosas interpuestas contra el exeditor de Opinión de este Diario, sus directivos y la Compañía Anónima El Universo; y contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, que se refiere a los contratos de Fabricio Correa.

Contra la corriente. Lauría recordó que “las disposiciones de difamación penal (desacato o injurias) en Ecuador contradicen el consenso emergente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación”.

Así, por ejemplo, en diciembre del 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la condena de prisión para los casos de difamación. Un mes antes, el Congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el Código Penal para información de interés público. Y, en abril del 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias.

En el informe se cuestiona que la administración de Correa haya creado “un elaborado entramado legal para restringir a los medios de comunicación”, refiriéndose a las preguntas 3 y 9 del plebiscito.

A través de la primera se realizó una reforma constitucional para prohibir que los accionistas, directivos y dueños de los medios de comunicación tengan actividades ajenas a ese negocio; con ello, indica Lauría en su informe, se “debilitaría la estructura financiera de los medios que se oponen a las políticas del Gobierno”.

La otra impulsó la aprobación de una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación del contenido de los medios. “La independencia del Consejo parece ser cuestionable ya que cinco de sus siete integrantes estarán designados por el Ejecutivo o elegidos de grupos afines al oficialismo”.

El tercer componente de la estrategia de hostigamiento a la prensa ha sido la creación de “una red de medios estatales”, a través de la cual Correa ha seguido la tendencia liderada por otros líderes regionales, como Hugo Chávez (Venezuela) o Daniel Ortega (Nicaragua), quienes han invertido en medios oficiales para profundizar sus agendas políticas, menciona el Comité.

Dichos medios (públicos e incautados) sirven al mandatario, acota el informe, “para desacreditar a periodistas que exponen puntos de vista opuestos a las políticas de su administración”. Esto se ha concretado a través de los enlaces sabatinos y de cadenas oficiales que, usualmente, interrumpen la programación de los medios privados.

El reporte del CPJ menciona que la misión que estuvo en Ecuador en abril pasado para recabar la información solicitó entrevistas a las autoridades para contrastar los datos. No fueron atendidos.

Recomendaciones del informe:
- Difamación: Poner fin al uso de anticuadas leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, editores y ejecutivos de medios de comunicación. Promulgar legislación para despenalizar las disposiciones de difamación y adecuarlas a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

- Juicios civiles: Poner fin al uso de juicios civiles que persiguen montos desproporcionados en conceptos de daño para silenciar a periodistas críticos.

- Tolerancia: Mostrar mayor tolerancia a la crítica en los medios de comunicación y poner fin a los ataques personales dirigidos a desacreditar a periodistas y medios de prensa. Poner fin al uso de lenguaje cargado, tal como calificar a los críticos como "ignorantes" y "mentirosos".

- Cadenas: Utilizar las cadenas en cumplimiento con la ley que autoriza su uso "exclusivamente para información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos".