"Fiel a su larga tradición de defensa de los derechos humanos, y en particular los de las víctimas de persecución política, el Ecuador ratifica su compromiso de proteger la libertad y la vida del ciudadano Julian Assange", señala un comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana.
Quito. El Gobierno de Ecuador ratificó hoy el asilo diplomático concedido al fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, sobre quien pesa una orden de detención por parte de la Justicia de Suecia, que lo quiere procesar en su territorio por supuestos delitos sexuales.
Ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Estocolmo, que mantiene la orden de detención contra Assange, el Gobierno ecuatoriano ratificó la vigencia del asilo concedido al australiano en 2012 y la protección de la que goza en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de ese año.
"Fiel a su larga tradición de defensa de los derechos humanos, y en particular los de las víctimas de persecución política, el Ecuador ratifica su compromiso de proteger la libertad y la vida del ciudadano Julian Assange", señala un comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana.
Por ello, ratifica "la vigencia del asilo concedido a Julian Assange y se reafirma en su intención de mantener esta protección el tiempo que sea necesario, hasta que Julian Assange llegue a un lugar seguro".
Además, el Gobierno ecuatoriano "reitera su ofrecimiento de cooperación judicial al Reino de Suecia, para alcanzar una pronta solución al caso".
El texto oficial recuerda que "Ecuador mantiene su invitación a que funcionarios suecos visiten su embajada en Londres para que se tome declaración a Julian Assange o bien se utilicen medios telemáticos (videoconferencia) para ello".
"Ambas posibilidades están contempladas de forma explícita en la legislación procesal vigente en Suecia y en la Unión Europea", añade el comunicado, en el que Ecuador expresa también "su confianza en reabrir con prontitud los canales de diálogo político al más alto nivel con el Gobierno de Suecia, lo que permitirá abordar de manera franca y constructiva el caso en cuestión".
Al respecto, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, recordó hoy en una rueda de prensa que la Corte de Apelaciones de Suecia, al confirmar la orden de arresto a Assange, también ha señalado que la Fiscalía de ese país ha cometido "un error en su obligación de llevar adelante su investigación preliminar" de las denuncias de supuestos delitos sexuales hechas contra el fundador de WikiLeaks.
Además, Patiño, al leer la traducción del escrito emitido por dicha Corte, también dijo que el proceso "ha llegado a un punto de detención" y que la Fiscalía sueca ha fallado "al no examinar caminos alternativos" para avanzar en el proceso.
Según el canciller, esos caminos pudieran ser que se tome la declaración a Assange en la embajada de Ecuador en Londres o a través de una videoconferencia, posibilidades permitidas por la normativa sueca y europea.
Asimismo, Patiño dijo que aspira a llegar a retomar el diálogo político con el Ejecutivo sueco para tratar este y otros temas de la relación bilateral.
"Confiamos en recuperar el nivel de diálogo político al más alto nivel" y por eso "hemos planteado la visita de autoridades de la Cancillería ecuatoriana" a Suecia para "preparar lo que podría ser una posible visita que yo haga posteriormente" a ese país, anunció el jefe de la diplomacia ecuatoriana.
Patiño dijo esperar "que haya un mayor nivel de diálogo con el nuevo Gobierno socialdemócrata sueco", pero no quiso adelantar comentarios sobre ese tópico.
Assange, responsable de la filtración de miles de documentos secretos a través del portal WikiLeaks, se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, desde donde teme que puede ser entregado a Estados Unidos.
Ese argumento fue el que Ecuador esgrimió para conceder el asilo al australiano, acusado de cuatro delitos contra dos mujeres, que él niega, cuando estaba de visita en Suecia en agosto de 2010.
El proceso ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y una reapertura del caso, que había sido reducido inicialmente a un delito menor.
