En los comicios participarán once organizaciones políticas, que fueron calificadas tras un polémico proceso de verificación de firmas en las listas de adhesiones, motivado por las denuncias sobre miles de firmas falsificadas.
La formalización de la convocatoria a las elecciones de febrero por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una carrera adelantada en la lucha por la presidencia de Ecuador, aunque formalmente la campaña debe comenzar sólo el 4 de enero.
En la noche de este jueves y por cadena nacional, el CNE llamó oficialmente para el 17 de febrero a comicios generales para elegir presidente y vice, 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos, con un padrón de 11,6 millones de ciudadanos.
"Todo el país está invitado a participar en una gran fiesta democrática este 17 de febrero de 2013; no faltes, participa; tu voto es definitivo para el futuro del país", exhortó el titular del CNE, Domingo Paredes, escoltado por los vocales del órgano electoral.
La convocatoria se produjo a cuatro meses de los comicios y en momentos en que todas las encuestas ubican al presidente Rafael Correa como el favorito para ganar la compulsa, aunque su postulación para la reelección aún debe cumplir el paso formal de ser aprobada por el Movimiento País gobernante.
El último sondeo de la encuestadora Perfiles de Opinión muestra a Correa liderando la intención de voto con 61,7%, muy lejos del ex banquero Guillermo Lasso, candidato del centroderechista Creando Oportunidades (CREO), segundo con 12,6%.
Correa ocupa el Palacio de Carondelet desde 2007, fue ratificado en comicios anticipados en abril de 2009 -ya bajo la nueva Constitución- y tiene mandato hasta mayo del año próximo.
Se descuenta que también serán candidatos el ex presidente Lucio Gutiérrez, por Sociedad Patriótica; el ex ministro y ex aliado oficialista Alberto Acosta, por la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas, y el magnate bananero Alvaro Noboa, que iría por su quinto intento en nombre de Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian).
A estos nombres podría sumarse el también ex mandatario Abdalá Bucaram, exiliado en Panamá y posible cabeza de fórmula del Partido Roldosista Ecuatoriano.
Noboa y Bucaram tiene abiertos procesos en la justicia, pero en principio, como esos juicios no están terminados, no tendrían trabas para postularse.
El plazo para inscribir candidaturas se extiende hasta el 15 de noviembre y, según el calendario electoral dado a conocer por el CNE, la campaña durará 42 días, desde el 4 de enero hasta el 14 de febrero del próximo año. Si es necesaria una segunda vuelta, será el 7 de abril.
En los comicios venideros participarán once organizaciones políticas nacionales, que fueron calificadas tras un polémico proceso de verificación de firmas en las listas de adhesiones, motivado por las denuncias sobre miles de firmas falsificadas.
El voto es obligatorio para los ecuatorianos mayores de 18 años y quienes estén en detención sin una condena en ejecución, y optativo para los que tienen de 16 a 18 años, los mayores de 65, los residentes en el extranjero, los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, las personas con discapacidad, los analfabetos y los extranjeros con cinco años de estadía legal en Ecuador.
Las listas de candidatos a la Asamblea Nacional -la legislatura unicameral- y al Parlamento Andino tendrán una particularidad: deben incluir igual número de hombres y mujeres, ordenados de forma alternada.
Los escaños legislativos a definir serán 136, 12 más que los actuales 124, porque ocho provincias (Guayas, Pichincha, El Oro, Santo Domingo, Sucumbíos, Manabí, Imbabura y Los Ríos) incrementarán sus representaciones.
En tanto, la Corte Constitucional resolvió este miércoles la demanda de inconstitucionalidad planteada al Código de la Democracia por gremios de prensa y políticos de oposición, informó la agencia noticiosa estatal Andes.
El pleno del tribunal determinó que las instituciones del Estado podrán emitir información -no propaganda, aclaró- durante el período de campaña, siempre y cuando se busque tutelar derechos en materia de seguridad, salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros similares.
Asimismo, estableció que los medios de comunicación tradicionales podrán emitir información u opinión pero no hacer promoción directa o indirecta a favor o en contra de candidatos o partidos.
