Los delegados de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan-Ifra, en inglés) mantuvieron varias reuniones en Quito y Guayaquil, con autoridades del poder Ejecutivo, asambleístas oficialistas y de la oposición.

La revocatoria del proceso contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita (autores del libro El Gran Hermano), y la sentencia contra El Universo, tres de sus directivos y el ex editor de Opinión, Emilio Palacio, fue uno de los pedidos que hizo este martes la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan-Ifra, en inglés), cuyos representantes, Christoph Riess y Rodrigo Bonilla, realizaron una misión para indagar sobre la libertad de prensa en Ecuador.

Los delegados mantuvieron varias reuniones en Quito y Guayaquil, con autoridades del poder Ejecutivo, asambleístas oficialistas y de la oposición, representantes de medios públicos, privados y gubernamentales, académicos y diplomáticos.

Riess, quien presentó las conclusiones preliminares, sostuvo que hay preocupaciones en relación a que “la libre expresión está en peligro”.

Analizaron cuatro aspectos: uso inadecuado de la ley para enjuiciar periodistas críticos a través de la figura del desacato y los juicios civiles que persiguen indemnizaciones desproporcionadas; la paulatina concentración de medios bajo control directo e indirecto del régimen; la agresividad con la cual el presidente Rafael Correa se refiere a ciertos periodistas y ciertos medios privados, y las disposiciones de la Ley de Comunicación que incrementaría de manera excesiva el control del gobierno sobre los medios de comunicación que afectarían su sustentabilidad económica.

Riess sostuvo que las conclusiones preliminares constituyen las primeras impresiones que han tenido tras su presencia en el país.

Planteó a la Asamblea eliminar del proyecto de código penal la figura del desacato que se mantiene a través de injuria calumniosa contra la autoridad.

Señaló que confirmaron un aumento sustancial de medios incautados y públicos desde el inicio del mandato del presidente Correa.

Para sus opositores, esto busca la construcción de un aparato comunicacional de interés propagandístico del gobierno; mientras que los oficialistas responden a la democratización de la estructura mediática.

Acerca de la agresividad de Correa, el ejecutivo expresó que el respeto a la honra supone respetar a la de los demás.

El informe final estaría listo dentro de dos semanas o un mes, estimó Bonilla, quien es coordinador de misiones de libertad de prensa.

“Nos falta todavía recopilar mucha información”, adujo, como por ejemplo, datos sobre una supuesta autocensura dentro de las redacciones de medios privados.

Riess aclaró que no se analizaron casos de aspectos laborales de los trabajadores de la comunicación por no ser esa su labor. “Tenemos un mandato independiente de nuestros socios que son 18.000 periódicos en el mundo de analizar todo lo que se está desarrollando en contra de la libertad de expresión”.