Un estudio publicado en enero de este año concluyó que las medidas enérgicas en contra de los residentes indocumentados han traído consigo enormes consecuencias económicas, entre las que se encuentran la desaparición de miles de puestos de trabajo y la disminución de la demanda.
Alabama, Andina. Diez meses después de que se aprobara la ley de inmigración HB56 en Alabama, Estados Unidos, proponen cambios para varias de sus cláusulas, debido a los indeseables efectos en la economía del estado.
El nuevo proyecto de ley, bautizado con el nombre de HB658, pretende apaciguar las perspectivas negativas provocadas en el estado desde que la ley fue puesta en marcha en septiembre de 2011.
Un estudio publicado en enero de este año concluyó que las medidas enérgicas en contra de los residentes indocumentados han traído consigo enormes consecuencias económicas, entre las que se encuentran la desaparición de miles de puestos de trabajo y la disminución de la demanda.
El mayor daño causado por la ley, según el autor de la investigación Samuel Addy, es el éxodo de inmigrantes a otros estados. Al mudarse, huyendo de las restricciones, Alabama no sólo pierde trabajadores sino también consumidores y contribuyentes.
Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aunque exista el mito de que los indocumentados no pagan impuestos, está demostrado que sí lo hacen aún cuando saben que no recibirán muchos de los beneficios.
En su trabajo, Addy (economista y director del Center for Business and Economic Reasearch de la Universidad de Alabama) también estima que la HB56 recortaría al menos 70,000 empleos y US$2.300 millones anuales. Un claro ejemplo que este cálculo es que desde la implementación de la ley, los empleadores han tenido dificultades para encontrar personas dispuestas a realizar el trabajo duro que no es bien pagado: los granjeros no consiguen recolectores, los hoteles no hallan gente que limpie las habitaciones.
Aunque muchas de las cláusulas de la HB56 han sido suspendidas por decisión del gobierno federal, esta reforma las dejaría sin lugar.
Además, diversos grupos empresariales han argumentado desde 2011 que la HB56 -que entre otras cosas permite a la policía exigir prueba de residencia legal a todo el que considere sospechoso de estar indocumentado- ha causado daños en la reputación y la imagen internacional del estado.
El proyecto de HB658 tiene como principal objetivo reformar la HB56, que también es conocida con el nombre de "Arizona con esteroides", debido a que incrementó la dureza de muchas de las sanciones propuestas por la ley antiinmigrante del estado de Arizona aprobada en 2010. Aunque muchas de sus cláusulas han sido suspendidas por decisión del gobierno federal, esta reforma las dejaría sin lugar.
La presidenta de la organización Immigration Works, Tamar Jacoby, explicó a BBC Mundo los cambios más importantes que plantea la nueva legislación.
En primer lugar, eliminaría la disposición que convierte en un crimen rentar viviendas a inmigrantes indocumentados, lo que no sólo beneficiaría a los dueños de las propiedades sino a la industria inmobiliaria del estado.
"El objetivo de la ley de inmigración nunca fue hacerles la vida más difícil a los negocios", declaró William Canary, presidente y CEO del Business Council de Alabama. "Estos cambios, aunque no son perfectos, son un paso en la dirección correcta", agregó.
También dejaría sin efecto los controvertidos censos en escuelas para saber si los alumnos tienen papeles o no.
La cláusula que más llama la atención es la que asegura que la policía ya no podrá indagar en el estatus migratorio de aquellos que le resulten "sospechosos". Para poder hacerlo será necesario haber cometido alguna infracción de tránsito o de cualquier otro tipo que produzca un arresto.
Sin embargo, no todo es positivo: una vez detenidos, los oficiales podrán averiguar la condición migratoria del resto de los ocupantes del vehículo.
"Esto, sin duda, sería hostigar a personas inocentes que no han cometido crimen alguno", dijo Jacoby a BBC.
Aunque todavía no ha sido aprobada, los expertos aseguran que lo más probable es que eso ocurra.
"No hay nada que indique que la HB 658 no entrará en vigencia y eso es muy positivo. Los legisladores están conscientes de que muchas cláusulas se extralimitaron y de que nadie quiere invertir ni visitar un estado tan poco hospitalario", aseguró Jacoby.
Pero no todos son tan optimistas al pensar que una reforma echaría por tierra los preceptos de la ley original y que eliminaría del todo los daños económicos y sociales causados.
