Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, no fue acusado criminalmente, pero se presentaron dos demandas civiles en su contra en una corte federal estadounidense. Pagos recibidos de carteles de droga y extorsiones figuran entre las causas.

Reuters. Fiscales estadounidenses se aprestaban a requisar millones de dólares en propiedades en Texas pertenecientes a un ex gobernador de un estado mexicano, acusado de realizar compras con pagos de cárteles de la droga y de extorsión criminal y esquemas de sobornos.

Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas, en México, no fue acusado criminalmente, pero se presentaron dos demandas civiles en su contra en una corte federal estadounidense.

Yarrington fue denunciado por "usar su ingreso ilícito de sus años políticos para convertirse en un importante inversionista en propiedades" en Estados Unidos y lavar millones de dólares en ganancias derivadas de actividades de narcotráfico.

Una de las propiedades era un departamento en la comunidad turística de South Padre Island, en la punta sur de Texas, y la otra era un sitio más extenso en San Antonio, dijeron los fiscales.

"Permanecemos firmes en nuestro compromiso en apuntar no sólo a los cárteles de la droga, sino también a aquellos que supuestamente les entreguen respaldo y servicios", dijo el fiscal estadounidense del distrito sur de Texas, Kenneth Magidson, al anunciar la demanda.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y el 2005. El estado está localizado frente a Texas pero al otro lado del Río Grande y es un semillero de violencia asociada al narcotráfico.

Fue alcalde de Matamoros, Tamaulipas, entre 1992 y 1995 y buscó una nominación a la presidencia de México en el 2005.

La acción de los fiscales estadounidenses tuvo lugar el mismo día en que revelaron la demanda contra un empresario mexicano acusado de comprar propiedades en Estados Unidos para lavar dineros de sobornos pagados por el violento cártel del Golfo a altos funcionarios en Tamaulipas.

El empresario, Fernando Alejandro Cano Martínez, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, es acusado de pagar sobornos a funcionarios de Gobierno en representación del cártel del Golfo. También fue acusado de fraude bancario. Yarrington no fue nombrado como el receptor de un soborno en la demanda presentada contra Cano Martínez.

Magidson afirmó que Cano sigue libre y que se han emitido órdenes para su arresto en Estados Unidos y México.