Los intentos de destitución contra el alcalde de Bogotá aumentan su popularidad, en un debate que tiene a las agrupaciones políticas testeando fuerzas de cara a las próximas presidenciales.
El 9 de diciembre pasado un balde de agua fría cayó en la alcaldía de Bogotá, en medio de los preparativos navideños. El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, inició un proceso de destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con miras a inhabilitarlo de ejercer cargos políticos por 15 años.
Se le acusa de poner en peligro la salud pública los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012, cuando ordenó la prestación del servicio de aseo a dos entidades estatales que, según la Procuraduría, no tenían “experiencia, conocimiento ni capacidad”. Ordóñez asegura que el alcalde tomó la decisión a pesar de que conocía que el Acueducto y la Empresa de Aguas de Bogotá eran incapaces de prestar el servicio. “No se le sanciona por corrupto sino por mala administración”, explica el senador Carlos Baena, del Movimiento Independiente de la Renovación Absoluta (MIRA).
Pero la Procuraduría no era la única tras Petro. En paralelo, la Registraduría Nacional dio luz verde a una petición del parlamentario Miguel Gómez, miembro del Partido de Social de la Unidad Nacional, el mismo del presidente Santos. Gómez pidió decidir el futuro del alcalde en las urnas, tras presentar un documento con 350.000 firmas que fue acogido. “La ciudad está a la deriva: no hay planeación, todo se ha regido bajo la improvisación y los bogotanos ya no aguantamos más chambonerías”, dijo Gómez al comenzar la recolección de firmas.
En este escenario todo se veía oscuro para Petro. Pero la misma semana de la acusación, miles de manifestantes se convocaron vía redes sociales para acudir a protestar a la Plaza Bolívar contra el intento de destitución, reuniéndose el 13 de diciembre 60.000 personas, según los organizadores. Pese a la persecución, la popularidad de Petro se elevó 20 puntos en las encuestas, sobrepasando el 50% de aprobación. Y luego vino el apoyo internacional.
Balcón confrontacional. Petro inició la reforma a la gestión de la basura en Bogotá con el objetivo de reducir la participación de los privados, a los que solía denominar “el cartel de la basura”. Así se decidió incorporar la operación pública de este servicio, quedando la gestión de los privados con sólo 36% del negocio. Pero al inicio de este cambio hubo problemas: se dejó de recoger entre 6.000 y 9.000 toneladas de basura. Fue específicamente entre el 18 y el 20 de diciembre de 2012 y hasta hoy Petro acusa un complot de los operadores privados de la basura. “Hubo una mala intención para no dejar funcionar el esquema que se planteó”, asegura el secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo.
Esto fue la base de la acusación de Ordóñez y el inicio de las teorías conspirativas que dicen que el procurador, de línea conservadora ultraderechista, le está facilitando el camino a la alcaldía a Francisco Santos, ex vicepresidente de Álvaro Uribe. Esto por el sitio estratégico de la alcaldía, considerado el segundo puesto político más importante en el país.
Mientras se decide el futuro de la alcaldía, comenzaron los cálculos sobre qué ocurrirá con el puesto vacante, y sobre todo con las repercusiones del hecho en las elecciones presidenciales de mayo de 2014. El ministro del Interior, Aurelio Irragorri, aumentó la incertidumbre al calcular que entre una apelación del alcalde, la nueva respuesta de la Procuraduría y la convocatoria de la Registraduría, las nuevas elecciones para reemplazar a Petro se estarían realizando en abril. Es decir, justo en medio de las parlamentarias de marzo y las presidenciales de mayo.
“Se busca frustrar nuevamente la posibilidad de que la izquierda se convierta en una fuerza gobernante”, comenta el representante de la Cámara Baja, Iván Cepeda. Recientes encuestas revelan que un candidato de la izquierda unida tendría más posibilidades de impedir, en una segunda vuelta, que el presidente Juan Manuel Santos sea reelegido. “De abrirse paso con éxito esta destitución significaría un nuevo momento de persecución de carácter jurídico a quienes ejercemos la oposición en el momento”, asegura Cepeda, miembro del izquierdista Polo Democrático.
Clara López, candidata del Polo Democrático a la presidencia, cree que de reafirmarse la destitución del alcalde los sectores alternativos podrían unirse para enfrentar a la derecha en la presidencial. “Es posible que nos lleve a tender puentes para hacer causa común para lograr una candidatura única”, agrega la candidata, que según sondeos cuenta con 9% de intención de voto. “Unirse también podría impedir que se pierda la trayectoria de buen gobierno que viene caracterizando a Bogotá desde hace ocho años”.
El alcalde ya anunció, desde el balcón de la alcaldía, que dará la lucha con la posibilidad de apelación que le otorga la ley. Una fuerte presión pública y de organismos internacionales juega a su favor. En carta al presidente Santos una veintena de eurodiputados manifestaron su “profunda preocupación” por la decisión contra quien fuera “elegido por una mayoría de votos” y que “tiene un mandato popular en la ciudad más importante de Colombia”. Y la ONU, a través de su representante en Colombia, Todd Howland, pidió hablar con Ordóñez sobre “la jurisprudencia en razón de los Derechos Humanos en este tipo de casos”. Recordemos que Petro fue guerrillero del M-19 y ha desarrollado una amplia carrera política gracias a la amnistía que el gobierno le otorgó a ese grupo luego que depusieran las armas en 1990.
A mediados de diciembre Petro llamó a formar un movimiento de “indignados” que permanezca en la céntrica Plaza Bolívar hasta resolver el problema. Lo anunció flanqueado por fuertes líderes como César Pachón, cabeza visible de los campesinos que paralizaron en junio pasado el país, logrando no sólo solidaridad con los trabajadores del campo, sino también que el presidente Santos cayera a sus niveles más bajos de popularidad.
Esto puede explicar que desde el gobierno se hayan dado señales de tregua: el vicepresidente, Angelino Garzón, comentó a mediados de diciembre que fue un error darle tantos poderes en la Asamblea Nacional Constituyente al procurador. “Creo que todos los constituyentes de todos los partidos políticos nos equivocamos cuando le dimos plenos poderes”, aseguró. Mientras tanto, Petro sonríe.
