De acuerdo con Datafolha, cuanto mayor es el nivel de educación de las personas, su oposición al fuero privilegiado también es más alto, con un rechazo del 82 por ciento entre quienes cuentan con formación superior.

Brasilia. El 70% de los brasileños defiende el fin del fuero privilegiado para políticos, 24% está a favor de mantenerlo y 6% no sabe cuál es la mejor solución en el tema, según una encuesta divulgada hoy del instituto Datafolha.

     De acuerdo con la encuesta, cuanto mayor es el nivel de educación de las personas, su oposición al fuero privilegiado también es más alto, con un rechazo del 82% entre quienes cuentan con formación superior.

     El rechazo es del 74% entre las personas que terminaron la escuela secundaria y del 57% de quienes tienen estudios primarios.

     El 75% de los hombres consultados se pronunció contrario al fuero, mientras que entre las mujeres lo hizo el 66%.

     Entre seguidores de algún partido político, el índice más bajo de rechazo a este beneficio fue de quienes mostraron afinidad con el gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con el 62%.

     El índice más alto fue entre los seguidores del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con 79%.

     Datafolha entrevistó a 2.781 personas en 172 municipios de todo el país sudamericano, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

     De acuerdo con la ley actual, autoridades con cargo electivo o con rango ministerial tienen la prerrogativa de ser investigados y enjuiciados exclusivamente por el Supremo Tribunal Federal (STF).

     Este fuero permitió la investigación del STF a casi un centenar de políticos acusados por el Ministerio Público de recibir presuntamente sobornos como parte del esquema de corrupción indagado en la operación Lava Jato (lavadero).

     Los procesos contra políticos en el STF suelen demorar varios años y raramente terminan en condenas.

     La semana pasada, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobó en este sentido un proyecto de ley que prevé el fin del fuero privilegiado, por lo que las autoridades podrán ser investigadas y procesadas en tribunales de primera instancia.

     El texto aún debe pasar por el pleno del Senado y también por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.