Mientras la oposición dice que Macri pretende "puentear" a la justicia mediante un acuerdo directo con Odebrecht, el gobierno pone en tela de juicio la verdadera disposición a investigar por parte de la fiscalía.

ElObservador.com Algo raro está pasando en el ámbito político argentino: en plena definición de la campaña electoral, las palabras más mencionadas son "Odebrecht" y "Lava Jato", en vez de los nombres de los candidatos.

De hecho, el camino a las legislativas de octubre corre el riesgo de quedar completamente teñido por el capítulo argentino de la ola de corrupción regional que se destapó en Brasil. 

La promesa de la justicia de ese país es que se dará a conocer el contenido de las declaraciones realizadas por los "arrepentidos" de Odebrecht, el gigante regional de la ingeniería que está presente en varios grandes proyectos de obra pública.

Después de haber sacudido el panorama político brasileño, al ventilar los pagos de sobornos a funcionarios como forma rutinaria de hacer negocios, se supo que esa modalidad también fue de uso corriente en Argentina. 

No es que antes no existieran sospechas al respecto, pero es la primera vez que una empresa reconoce oficialmente haber pagado coimas –por US$35 millones– y ofrece divulgar el listado de los "beneficiarios".

De manera que no hay nada que en este momento genere más ansiedad que conocer la famosa lista de nombres. Odebrecht participó, desde 2007 –durante la gestión de Cristina Kirchner– en seis grandes proyectos, entre ellos el ambicioso soterramiento del tren Sarmiento, una línea que conecta el centro de la ciudad con la zona oeste del conurbano. 

El único nombre mencionado por un "arrepentido" de Odebrecht es el de Gustavo Arribas, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo personal de Mauricio Macri.

Arribas, antes de ser funcionario, vivió en Brasil, donde trabajó como representante de futbolistas. Las declaraciones del arrepentido indican que Arribas recibió transferencias bancarias para utilizar como pago de sobornos a funcionarios argentinos, en el marco de la adjudicación de proyectos de obra pública.

El socio argentino de Odebrecht en esa obra era la constructora Iecsa, que hasta hace pocos meses perteneció a Angelo Calcaterra, el primo hermano de Macri.

Todos estos condimentos llevan a que el tema pase a formar parte de la "grieta" entre el kirchnerismo y el bloque anti-K. 

Unos remarcan que es el macrismo el que más tiene para perder con las revelaciones de los brasileños, mientras otros afirman que es un eslabón más en la corrupción kirchnerista.

El intercambio de chicanas tuvo su momento de mayor tensión cuando el jefe de gabinete, Marcos Peña, recibió críticas de diputados opositores por la supuesta falta de voluntad del gobierno para que se conozcan las revelaciones de Odebrecht.

El funcionario contraatacó al afirmar que "si hubo coimas" de Odebrecht fue a "los funcionarios kirchneristas".

Y, por otra parte, ratificó la confianza del gobierno respecto de que Arribas –que no era funcionario durante el gobierno kirchnerista– es inocente y es víctima de un intento espurio de desviar culpas y ligar al macrismo con la corrupción.

En internet ya se bautizó a esa estrategia como "la teoría de los dos corruptos", una alusión a la famosa "teoría de los dos demonios" que busca atenuar la gravedad del terrorismo de Estado en la última dictadura al justificar que antes hubo un ataque de la subversión. 

Como para dejar en claro que no sólo no teme, sino que anhela que se conozca toda la información en poder de Odebrecht, el gobierno tomó la iniciativa. Por un lado, recibió a representantes de la empresa, en un intento de negociación parecido al que se realizó en Brasil.

Hasta ahora, con escasos resultados, porque los brasileños ponen condiciones difíciles de aceptar, dada la diferencia de legislación entre Argentina y Brasil. Odebrecht exige que sus directivos queden al margen de cualquier proceso judicial y, además, que no se ponga en riesgo la continuidad de sus negocios en la obra pública argentina.

Las reuniones entre funcionarios argentinos y representantes de Odebrecht terminaron sin un trato a la vista. Para los brasileños, es vital la protección a sus ejecutivos, pero el gobierno argentino no puede garantizar que fiscales y jueces no hagan avanzar causas.

En principio, se necesitaría la aprobación de una ley que permita a los ejecutivos acogerse a un sistema de "arrepentido" que los exima de culpa a cambio de aportar información sobre funcionarios venales. Sin esa ley, se afirma en los tribunales, no hay forma de que se pueda firmar un acuerdo similar al suscripto en Brasil.

A lo sumo, el gobierno de Macri podría –luego de recibir el pago de una multa equivalente a US$ 35 millones de las coimas– comprometerse a no interferir en los contratos de obras públicas ya adjudicadas. 

Pero no está tan claro que haya voluntad política para una situación así, en la que claramente Macri pagaría un costo político.

La negociación con Brasil incluyó la firma de un acuerdo entre las fiscalías generales de ambos países, para ormar equipos binacionales de investigación. 

De todas formas, la ansiada lista de nombres de funcionarios involucrados todavía no llega. O al menos, no de parte de Brasil, pero hay otra posibilidad, y es que la información sea ofrecida por Estados Unidos, que tuvo participación activa en los procesos anti-corrupción brasileños.

Una primera liberación de datos desde Washington indica, en un informe oficial de la justicia estadounidense, que los sobornos en realidad triplican los US$ 35 millones admitidos por los ejecutivos de Odebrecht.

En todo caso, lo que queda en evidencia es que el caso Odebrecht tiene el potencial de una bomba sobre la vida pública argentina.

Los nombres mencionados hasta ahora pueden ser apenas la punta del iceberg. 

Debajo de la superficie se esconde todo un entramado corrupto de adjudicación de obras públicas, sobreprecios y sobornos.

Es decir, no sólo los funcionarios están nerviosos, sino muchos de los contratistas del Estado. 

De hecho, ya hubo pedidos de allanamientos en oficinas de grupos tradicionales como Techint, Cartellone, Roggio y la mencionada Iecsa.

Las próximas semanas serán clave en la dilucidación del caso Odebrecht. 

En Brasil, ya venció el plazo prometido por la justicia para guardar secreto sobre las delaciones de los "arrepentidos". 

Mientras se intenta avanzar en esa investigación, el gobierno argentino anunció que la compañía brasileña quedará suspendida de participar en licitaciones de obra pública y también fue apartada de la obra del tren Sarmiento.

Y, ya en pleno clima de campaña electoral para las legislativas de octubre, esta situación provoca acusaciones cruzadas. 

Porque mientras la oposición dice que Macri pretende "puentear" a la justicia mediante un acuerdo directo con Odebrecht, el gobierno pone en tela de juicio la verdadera disposición a investigar por parte de la fiscalía.

Ocurre que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, es una connotada adherente al kirchnerismo, sobre la cual pesan acusaciones de dar protección a ex funcionarios de la gestión K. 

Es por eso que el gobierno le exige a la fiscalía que rompa el secreto y dé a publicidad los contenidos de grabaciones y videos con las declaraciones de los "arrepentidos".

El capítulo argentino del "Lava Jato" recién empezó. Y amenaza con ser un gran ventilador que salpique a todo el establishment político y empresarial.