No termina la tragedia política en Buenos Aires. En el caso Nisman, el Gobierno se enreda cada vez más en las contradicciones. A la gente solo le queda el sarcasmo y la burla sobre la situación.
Este tipo de farsas ya solo produce en los argentinos un cansado meneo de cabeza: el pasado lunes 1 de febrero, el diario argentino Clarín informaba que el fiscal Alberto Nisman había querido cursar una orden de arresto contra Cristina Fernández de Kirchner. Un día después, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, apareció ante los medios, hizo trizas el artículo de Clarín y dijo que aquello era "basura". El 3 de febrero, Clarín hizo público el documento. Poco después, la fiscal que investiga el caso confirmó que, efectivamente, se había encontrado una orden de arresto contra Cristina Fernández en la vivienda de Nisman. Concretamente, en la papelera.
"A la gente ya no le sorprende escuchar estas historias", dice Kristin Wesemann, que dirige la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Todo comenzó con la muerte del fiscal Alberto Nisman un día antes de realizar unas declaraciones que hubieran dañado gravemente a la presidenta. Su cuerpo fue encontrado con una bala en el cráneo. No había carta de despedida. Muchos dudaron rápidamente de la hipótesis del suicidio. Nisman llevaba desde 2005 dirigiendo las investigaciones del ataque con bombas que sufrió la sede de la AMIA en Buenos Aires en 1994, con un balance de 85 muertos y 300 heridos. El fiscal había acusado a Fernández de obstaculizar la investigación.
Supuestamente, el ataque habría sido perpetrado por Irán. Fernández de Kirchner habría llegado a un acuerdo con este país: a cambio de estrechar las relaciones económicas, no habría juicio. Tras la muerte de Nisman, cobró fuerza la hipótesis de que el Gobierno argentino podría haber ordenado su asesinato, con el fin de impedir nuevas investigaciones en este sentido. Sin embargo, las autoridades mantuvieron que no había indicios de que otra persona hubiera intervenido en la muerte del fiscal. Es decir, era un suicidio. Tras las protestas ciudadanas, la presidenta dio un giro de 180 grados en su versión: no fue suicidio. En realidad, Nisman fue la víctima de un complot de los servicios secretos argentinos contra el Gobierno.
Poca confianza en el gobierno. ¿A quién creer? Las encuestas de varios institutos de opinión argentinos muestran que la confianza de los ciudadanos en su gobierno está profundamente debilitada. Alrededor de un quinto de los encuestados cree que el Gobierno es responsable directo de la muerte de Nisman y un 5 por ciento cree que la propia Cristina Fernández está personalmente implicada. Solo una décima parte piensa que el caso será resuelto o que los culpables responderán ante la justicia.
Mientras tanto, el cinismo y la socarronería presiden el debate entre los argentinos, sobre todo en las redes sociales. Los prinicipales objetivos son la propia presidenta y su director de gabinete, Capitanich, que reciben ataques directos de numerosos usuarios. La propia mandataria contraataca poniéndose al nivel de sus muchos críticos: "Lo siento ¿saben qué? Todo esto es tan exagerado, ridículo y absurdo, que solo queda tomárselo con humor", escribió este miércoles -al parecer, personalmente- en su cuenta de Twitter.
"Es difícil de acostumbrarse al tono con el que la presidenta se expresa a través de Facebook y Twitter", dice Kristin Wesemann. Pero Fernández y sus seguidores creen tener razón y piensan que hay confabulado un complot, al que contribuyeron, sobre todo, los llamados "medios opositores". Y lanzan sus críticas, fundamentalmente, contra el diario más grande de Argentina, Clarín.
Sociedad polarizada. "En Argentina no hay escala de grises. Aquí las cosas son blancas o negras", dice Stephan Ruderer, que investiga sobre corrupción política en la historia argentina en la Universidad de Münster. La sociedad está drásticamente dividida: "Los actuales acontecimientos podrían conducir a que muchos argentinos acaben dando la espalda a la política y a que aumente la desconfianza".
La situación actual ya se deja sentir en la bajada de popularidad de Cristina Fernández, cuyos índices de aprobación han descendido rápidamente. Actualmente se encuentran alrededor del 25 por ciento, lo que supone una gran pérdida si tenemos en cuenta que hace cuatro años eran casi del 60%. "Pero otros problemas acucian a los argentinos", dice Kristin Wesemann: "La inflación sigue subiendo, los precios de los alimentos ascienden continuamente y algunas de las estanterías de los supermercados están vacías. Hay pocas perspectivas de que la situación mejore".
Un rayo de esperanza son las elecciones presidenciales del próximo 25 de octubre. El caso Nisman podría suponer el fin de la era K en Argentina. Al menos en un punto los argentinos parecen haberse puesto de acuerdo: algo tiene que cambiar.
