De acuerdo con la versión oficial difundida hasta ahora por el ministerio de Defensa, 22 civiles perdieron la vida en un choque armado, sin embargo un testigo habló de una ejecución.
La detención de ocho militares mexicanos por su presunta participación en una masacre de 22 civiles pone hoy en entredicho al Ejército, en un momento en el que el Gobierno de Enrique Peña Nieto quiere enviar tropas a las misiones de paz de la ONU.
La Secretaría de la Defensa informó que siete soldados y un oficial fueron detenidos el jueves y presentados ante un tribunal castrense por su presunta responsabilidad en "delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes" en los hechos registrados el 30 de junio en el Estado de México.
La investigación militar sigue en paralelo a otra que realiza la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) para esclarecer las condiciones en las que perdieron la vida 22 presuntos miembros del crimen organizado.
De acuerdo con la versión oficial difundida hasta ahora por el ministerio de Defensa, los 22 civiles perdieron la vida en un choque armado registrado cuando un grupo de militares que realizaba labores de vigilancia fue agredido por desconocidos.
Sin embargo, esa versión fue puesta en entredicho por una testigo que aseguró a la revista Esquire Latinoamérica que los soldados fueron los que dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron.
Dijo que en el enfrentamiento murió sólo uno de los civiles, los demás se rindieron y, tras ser interrogados, los soldados los mataron horas después.
Dicha versión es fortalecida por la publicación este viernes de imágenes "inéditas" enviadas el miércoles pasado de manera anónima a la agencia de noticias MVT, con sede en Toluca, capital del central Estado de México.
El director de dicha agencia, Mario Vázquez de la Torre, dijo a Efe que recibió las fotos el miércoles pasado en una memoria USB enviada por medio de una mensajería en un paquete que no le despertó especial interés.
Después de dos horas en su escritorio, lo abrió y revisó el material y lo comparó "con las imágenes de la escena que fotografiaron" sus compañeros el 30 de junio y "sin duda corresponden al lugar donde fueron asesinadas estas personas".
Recordó que ese día un equipo de periodistas se desplazó a la bodega del poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, y tomaron "fotos y vídeo", pero "ya habían levantado los cadáveres, y "removido las camionetas".
Las instalaciones estaban bajo resguardo del Ejército y las imágenes del interior fueron tomadas con su autorización, pero estas fotos son inéditas, aseguró el periodista, quien destacó que por ello buscaron a un abogado criminalista para que las interpretara.
Tras estudiar las imágenes, el penalista José Luis Mejía concluyó que la escena "fue totalmente manipulada" y los cadáveres muestran señales de haber recibido disparos a corta distancia.
Los cuerpos no registran el "giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre de más de 20 metros de distancia", apuntó MVT en la nota publicada este viernes con las fotografías respectivas.
Según el experto, ello "evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible".
Además, los cadáveres presentan manchas de lodo en la ropa, a pesar de que se encuentran tirados sobre un terreno totalmente seco, y la alineación de las armas está fuera de una lógica de enfrentamiento.
Tampoco hay evidencia de un solo casquillo de los muchos que debieron quedar en la escena tras más de dos horas del supuesto enfrentamiento.
Vázquez de la Torre consideró atinadas las declaraciones del secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, "en el sentido de que a pesar de la presión que pueda tener la tropa, se tienen que respetar las garantías individuales de las personas".
La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que "poco a poco se está desmontando la versión oficial de estos hechos, que busca encubrir, proteger a los responsables (...) de los crímenes cometidos, una vez más, por parte de las Fuerzas Militares".
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que se trata de la "peor masacre de los últimos años" a manos de militares y confió en que las autoridades civiles esclarezcan los hechos e identifiquen a los responsables y a quienes han intentado encubrirlos.
Además, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta ahora haya brillado "por su ausencia" en el caso, si bien hoy uno de sus funcionarios argumentó que ha sido "muy complejo" y que en seis semanas esperan anunciar los resultados de su investigación.
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, salió este viernes en defensa del Ejército al asegurar que en caso de que se determine la responsabilidad de los militares en las muertes, sería "sólo una acción aislada", y pidió tiempo para que la fiscalía avance en las pesquisas.
El penalista Gilberto Santa Rita dijo a Efe que el caso evidencia que el Ejército "violenta continuamente los derechos humanos", por lo que ya no debe estar al frente del combate al crimen organizado y tampoco participar en operaciones de paz de ONU, como lo anunció esta semana el presidente.
