Un portavoz catalán calificó de "operación de Estado de interés político" las decisiones del Ejecutivo español de recurrir ante el Tribunal Constitucional respecto al referéndum catalán.
El Gobierno regional de Cataluña suspendió este martes la campaña para la consulta soberanista que convocó para el 9 de noviembre próximo, después de que el Tribunal Constitucional español admitiera este lunes a trámite los recursos presentados por el Ejecutivo de España contra esa iniciativa.
Con la aceptación de estudiar dichos recursos, el Tribunal Constitucional suspendió automáticamente la convocatoria para dicha consulta, por lo que el Gobierno de Cataluña decidió hacer lo propio con su campaña para llamar a los catalanes a las urnas y pronunciarse sobre el futuro de esta comunidad autónoma del noreste de España.
Tras anunciar la suspensión de la campaña, el consejero de la Presidencia de Cataluña, Francesc Homs, advirtió en una conferencia de prensa que "la partida (el proceso) continúa".
"Estamos en un contexto en el que nada se ha terminado; hay una situación procesal que no se pasa por alto pero la pretensión es continuar y haremos las cosas cumpliendo los compromisos adquiridos y ajustados al derecho", afirmó el político en una rueda de prensa.
Homs informó de que el Gobierno catalán decidió tomar esa medida para garantizar la "seguridad jurídica" en la actividad de los funcionarios públicos, lo que incluye la suspensión "temporal y cautelar" de la campaña institucional para la citada consulta.
Descartó que se dé "marcha atrás" para celebrarla, pese a que pueda haber un "ritmo diferente" porque el Gobierno regional catalán no trabaja "con otras hipótesis" que la de que el Tribunal Constitucional levantará la suspensión y se celebrará el referendo el 9 de noviembre.
La convocatoria de la consulta fue una promesa de la coalición nacionalista de centroderecha CiU, que gobierna en Cataluña, durante las elecciones regionales de 2012, y apoyada por partidos independentistas y organizaciones sociales.
El portavoz catalán calificó de "operación de Estado de interés político" las decisiones del Ejecutivo español de recurrir ante el Tribunal Constitucional, máximo interprete de la Carta Magna.
En cuanto a las alegaciones que presentarán ante el Constitucional, el Gobierno catalán presentará "en cuestión de horas" una primera parte, referida a la petición del levantamiento de la suspensión cautelar del decreto de convocatoria, mientras que las relativas al fondo de la ley de consultas y el decreto se presentarán en "muy pocos días", ha avanzado el portavoz.
El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de consultas aprobada por el ejecutivo catalán y el decreto de convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre, al día siguiente de su puesta en marcha.
Homs dijo que las medidas temporales y cautelares del Gobierno catalán como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) no deben generar "desilusión" en la ciudadanía, "una desilusión sería que nos olvidemos del compromiso y los mandatos que tenemos", subrayó.
Además de la adopción de medidas cautelares y la presentación de alegaciones al TC, el ejecutivo catalán acordó promover "las iniciativas legales, políticas, institucionales orientadas a garantizar el proceso para que la ciudadanía de Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir".
