La decisión del Ejecutivo central llega un día después de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta.

"Este procedimiento no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho", manifestó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el Consejo de Ministros acordara acudir de nuevo al Tribunal Constitucional.

"Con esto se pretende asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia", afirmó Sáenz de Santamaría.

La decisión del Ejecutivo central llega un día después de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta.

Varias formaciones nacionalistas catalanas defienden desde hace meses la celebración de una consulta en la que los ciudadanos se pronuncien acerca de una eventual independencia del territorio y el presidente de la región, Artur Mas, firmó hace varias semanas un decreto para convocarla.

Un primer recurso del gobierno central fue admitido por el TC, lo que significó la paralización del referéndum.

No obstante, Mas reiteró su intención de que el 9 de noviembre los catalanes puedan votar y para eso defiende una consulta informal, sin validez legal, con el principal objetivo de que haya una participación amplia que haga ver el deseo de los ciudadanos de dar su opinión sobre la soberanía.

Esta segunda consulta, que se haría sin censo previo de electores y se podría prolongar hasta dos semanas a partir del día 9, es la que será impugnada por el Ejecutivo de Rajoy ante el Constitucional.

Según informa la agencia de noticias EFE, la vicepresidenta aseguró que uno de los motivos es "evitar el fraude" a los ciudadanos por tratarse de una consulta que percibe como contraria a la Constitucional.

También dijo que la medida es para "proteger" a los funcionarios encargados de la preparación de la consulta ya que, advirtió, "cometerían una ilegalidad y podrían ser perseguidos por la Justicia".